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Ángel M. González

Viento de Nordeste

Los seis mil seiscientos euros

La nueva Corporación cometió un fallo estético con la subida en la primera de cambio de los sueldos de los ediles que serán liberados. Quizás existan motivos suficientes para aplicar una medida así, pero no resulta acertado plantear la idea en el mismo estreno de la negociación para repartirse los recursos con los que tendrá que trabajar cada uno de los grupos políticos. Los argumentos esgrimidos para revisar las remuneraciones de nuestros munícipes pueden parecer evidentes: la actualización de unas retribuciones congeladas desde hace ocho años y su igualación con lo que cobra un director general del Ayuntamiento que, al fin y al cabo, está a lo que dicte el equipo de gobierno. Pero la forma de hacerlo y el momento para acordarlo restan razones para el convencimiento.
El alza que se propone de una tacada es de 6.600 euros al año. Es decir, una revisión del 12% sobre el importe de los sueldos de los concejales salientes. El incremento es mucho mayor a la variación experimentada por el índice de precios al consumo desde el mes de mayo de 2011, cuando se produjo el cambio de regencia en la Casa Consistorial que decidió meter las retribuciones en el frigorífico. El IPC, desde entonces, subió un 7,7%. No se produjo semejante revalorización salarial en ningún convenio laboral desde que empezamos a hablar de la recuperación económica. Ni funcionarios ni pensionistas se beneficiaron de tal incremento. Al contrario. De la misma manera que la inmensa mayoría de los trabajadores de este país, se encuentran aún lejos de recuperar el poder adquisitivo perdido durante la década negra de la recesión. Por lo tanto, que los representantes políticos decidan elevarse de un golpe la nómina hasta los 58.600 euros brutos anuales es, cuando menos, escasamente ejemplar.
El problema de fondo es que tampoco existe una ley que diga: señores, por ser concejales de una gran ciudad como Gijón, ustedes cobrarán tanto. Tendrán la cantidad que corresponda si forman parte del gobierno o la que tenga que ser por trabajar en la oposición. Y además todos percibirán sus emolumentos, salvo que se produzca algún tipo de incompatibilidad o la renuncia expresa al sueldo.
Pero como no hay una norma superior que fije las remuneraciones de los ediles, a las que tienen absoluto derecho por su dedicación a la cosa pública, pues ese no es precisamente el debate, tampoco existe una referencia clara ni por arriba ni por abajo como la que se definió en su momento para el alcalde de la ciudad, que es de un euro más que la del secretario general municipal.
Así que cada vez que se constituye una nueva Corporación no tienen más remedio que poner sobre la mesa la misma discusión para empezar a funcionar: quiénes van cobrar el sueldo entero, medio sueldo o solo las dietas y qué cantidades. Y por supuesto casi siempre se monta la marimorena.
En el caso que nos concierne es cierto que no hubo mucho lío hasta ahora porque la actualización por las nubes que se ha planteado tan solo recibió las reticencias de Foro y las críticas sin estridencia excesiva de Podemos, que en el famoso decálogo que presentaron para respaldar al gobierno de Ana González propugna limitar las remuneraciones a 2,2 veces el salario mínimo interprofesional. Si no salen mal las cuentas, casi mil euros menos de lo que se pretende.
Por cierto, no será esta la única condición para el acuerdo que se cae. De las manifestaciones de la primera edil en estos primeros días de rodaje se desprende también que la renta social pasará a mejor vida, que la remunicipalización del servicio de ayuda a domicilio no está muy clara y que el ‘IBI para ricos’, tampoco. Volviendo a los salarios, únicamente una reflexión. En un momento en que los políticos tienen que atender a la confianza de la ciudadanía estrechando los lazos ante la desafección, ¿no sería mejor que la necesaria subida se hubiera planteado de manera gradual, repartida a lo largo de los cuatro años de mandato para los que han recibido la encomienda de las urnas?


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