El deterioro por el transcurrir del tiempo es imparable sin una mínima atención que alivie el paso de los años. Sucede con las personas, pero también con una buena parte de los bienes y del patrimonio que nos rodea, muchos de ellos con una vida limitada al interés o al cuidado que pongamos por prolongarla. Algo así ha pasado con Cimavilla. El barrio más pintoresco de la ciudad, del que emanan usos y costumbres gijonesas, fue sometido a un proceso de reforma integral a finales de los ochenta, que dignificó su estampa y residencia con el arreglo de las casas, de sus calles y de sus plazas. Cimavilla recobró pulso y su corazón se abrió al resto de Gijón para convertirse con orgullo en el rincón que muestra nuestras raíces a quienes nos visitan, desde la tranquilidad del día hasta la algarabía de la noche. Un lugar a partir del cual se extiende el sentimiento playu. El mismo sentimiento que ahora nos lleva a pensar que 6 plan que con tanto ímpetu llevó a cabo la corporación que presidía el socialista Tini Areces mientras emergían los restos de la urbe romana fue en su momento un acierto, no  correspondido después con un seguimiento adecuado para evitar que el discurrir de los años fuera borrando las huellas de la rehabilitación. En lugar de una mejora a partir de aquella transformación ejemplar, el barrio fue cayendo poco a poco en la degradación. Lógico, por tanto, que ahora pida a gritos una nueva intervención.

El incendio y derrumbe de un inmueble abandonado en la calle del Tránsito de Atocha ha abierto una discusión entre el Ayuntamiento y los vecinos sobre la situación general de los edificios de Cimavilla, la mayor parte de ellos centenarios, y las carencias urbanísticas de la zona. Los residentes han puesto el acento en el estado que atraviesan una veintena de casas y solares como ejemplo de ese deterioro para suscitar un debate que llama la atención por el diagnóstico y por las medidas. El gobierno local ha decidido ejercer una mayor presión coercitiva sobre los propietarios que no cuidan sus inmuebles elevando las sanciones hasta los 6.000 euros. El problema radica en que esos castigos recaerán, en muchas ocasiones, sobre personas con tanta incapacidad para la rehabilitación como para hacer frente a la multa y sobre destinatarios de herencias imposibles de atender. Por otro lado, se da la estrambótica circunstancia de que la administración sea víctima de su propia receta como dueña, a través de la empresa de la vivienda, de la tercera parte de los edificios amenazados de ruina. Habrá que estar vigilantes para que pague en el periodo reglamentario y, por supuesto, acometa además la debida reforma. Cuestión similar ocurre con las ejecuciones subsidiarias, acometidas con los recursos públicos cuando se agotan las posibilidades para que sea el privado quien lo haga. En este caso los servicios urbanísticos, más volcados en los últimos años en que Gijón tenga PGO, se han visto limitados para sacar adelante los expedientes disciplinarios por inmuebles en mal estado, como el que se ha ido a plomo en la Soledad. En manos municipales está corregir ese déficit para que el departamento correspondiente sea más ágil y eficaz.

El Ayuntamiento, por el pacto con IU para aprobar el plan general de ordenación, se ha comprometido a poner en marcha un programa para la rehabilitación de los barrios degradados, que incluye no solo fachadas y tejados, sino también el entorno urbanístico para mejorar el hábitat de quienes allí residen. No solo Cimavilla se podrá beneficiar de esta actuación, planificada junto con el Colegio de Arquitectos para diez años y con una inversión cuantiosa, doscientos millones de euros, sino que se extenderá a otras zonas igualmente necesitadas de una cirugía a fondo. El poblado de Santa Bárbara o bloques de El Llano, Laviada, La Calzada, Ceares, Roces o Pumarín tendrían que figurar en el listado de prioridades.

Un plan que debe ser suficientemente ambicioso para que tenga la consideración de todas las fuerzas políticas y sociales de la ciudad, más allá de quien pueda gobernar dentro de un año.