La concejala de Hacienda ha abierto la discusión municipal sobre la fiscalidad que aplicará el próximo año el Ayuntamiento con el fin de ir preparando con tiempo los presupuestos. Todos los grupos políticos, en mayor o menor medida, son partidarios de la congelación general de los tributos con las matizaciones que cada uno hace en cuanto a bonificaciones o mayores gravámenes en la contribución por bienes inmuebles e instalaciones. Todos salvo el PP, que plantea la rebaja a lo grande, incluso en el IVA cultural de los abonos para ir a los toros, y la supresión de un buen número de tasas y precios públicos que mermaría de forma considerable la recaudación. El problema es que los populares no han explicado de qué manera cuadrarían después las cuentas en un ejercicio que requerirá un esfuerzo notable en el gasto y mayor inversión para acompañar la recuperación de la economía desde la administración local.
La señora Ana Braña ha preparado el esbozo de la junta de gobierno para las ordenanzas fiscales bajo tres premisas: mantener coeficientes, porcentajes y precios actuales en la mayor parte de los tributos, subir un cinco por ciento la recogida de la basura para costear el reciclaje y los servicios del Patronato Deportivo Municipal y meterle mano en el bolsillo a las empresas eléctricas, gasísticas, de carburantes, compañías telefónicas y bancos para elevar los ingresos.
El equipo de Moriyón, por lo tanto, opta por el ‘modelo Carmena’ para gravar los activos de las firmas más poderosas del Ibex a partir de lo que establece una legislación que hasta hace bien poco era inaplicable por las presiones, los obstáculos y la defensa ejercida por los lobbies. Las tasas sobre las infraestructuras de todas estas compañías están amparadas por la ley reguladora de las haciendas locales de 2004, que establece el pago en virtud de los tendidos extendidos por el concejo y el 1,5 por ciento de su facturación en el municipio.
Este paraguas legal, cuya aplicación ha llevado a una batalla judicial de las empresas con los ayuntamientos que osaron poner en marcha los gravámenes por las distintas interpretaciones sobre el carácter de las instalaciones, ha obtenido ahora los parabienes del Supremo para alivio de las administraciones. De la misma manera que el hostelero contribuye por su terraza o el titular de un garaje por el vado, estas compañías tienen el deber de liquidar el tributo correspondiente por la ocupación del dominio público, sea mediante una línea, una tubería o un cajero automático. Resulta de justicia.
Por lo tanto, se abre para el Ayuntamiento gijonés una fuente de ingresos irrenunciable, que puede compensar con creces la congelación del resto de los impuestos que componen el catálogo fiscal del municipio en beneficio de todos los ciudadanos. Más aún cuando el consistorio necesita aumentar la recaudación para poder atender los compromisos derivados de la puesta en marcha de la renta social, sin emprender recortes en otros gastos ni renunciar a incrementar la calidad de vida de los gijoneses a través de más y mejores servicios y dotaciones.
Las empresas han venido advirtiendo en todos estos años que las tasas municipales acabarán repercutiendo en los costes para los usuarios. Es decir, que están dispuestos a incrementar a sus clientes el importe final del recibo del gas, de la luz y del teléfono o las comisiones por la utilización del cajero para atender al pago de los impuestos. O sea, chantaje emocional.