El Comercio
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Autor: juanneira
LA IDEA DE ESPAÑA
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Juan Neira | 14-10-2007 | 6:42| 0

El debate de los símbolos encubre dos formas de entender el Estado: un país descentralizado o una coordinadora de territorios
El llamamiento de Mariano Rajoy para honrar la bandera en el día de la Fiesta Nacional hubiera sido absurdo en cualquier país democrático, porque en ellos hay un consenso amplísimo entre ciudadanos e instituciones sobre banderas e himnos nacionales. A poco que se pongan un poco solemnes media docena de ingleses o alemanes, empiezan a cantar sus himnos patrios. La bandera es de todos, nadie se siente excluido de ella. Dentro de España, ocurre algo parecido en las comunidades autónomas gobernadas desde la transición por nacionalistas. La ikurriña representa a los vascos y la senyera a los catalanes, hasta el punto de servir de toalla en la playa o de repetir su combinación cromática en toda suerte de soportes: la fachada de una casa, las estructuras atirantadas de un puente o las paredes de un teatro.
Distinto destino tiene en España la bandera bicolor, la enseña nacional, que queda reservada para el mástil de edificios oficiales o competiciones deportivos. Desde la aprobación de la Constitución, tuvieron que pasar cuatro años para que fuese enarbolada por la gente, suceso ocurrido por primera vez en Sevilla durante la celebración del Campeonato Mundial de Fútbol, en 1982. A partir de entonces la bandera nacional ha ido ganando espacios, pero muy tímidamente, porque hay un gran prejuicio hacia ella, sobre todo por parte de la izquierda.
Rajoy colocó su mensaje en vísperas de la Fiesta Nacional, en un momento en que los nacionalistas radicales catalanes descubren el gusto iconoclasta, quemando fotos del Jefe del Estado, y el Gobierno vasco anuncia su hoja de ruta hacia la autodeterminación. La discusión sobre la bandera o sobre el Rey indica que, en el fondo, lo que está sometido a debate es la idea de España.
La España democrática, tal como quedó plasmada en la Constitución de 1978, fue admitida por la izquierda y la derecha. De ahí que la reivindicación de la República quedara convertida en recurso de nostálgicos. Sólo los nacionalistas vascos y catalanes –sobre todo los primeros- presentaron objeciones al modelo de Estado. Las primeras elecciones autonómicas otorgaron un gran poder institucional a los nacionalismos, circunstancia que atemperó el desencuentro sobre la forma de Estado. El PNV y CiU dieron prioridad al desarrollo del autogobierno, para lo que necesitaban entenderse con el Gobierno central. Es importante señalar que el mantenimiento del statu quo entre los gobiernos centrales y los nacionalismos periféricos fue meramente táctico: los primeros ganaban tiempo, esperando que se pasara el sarampión nacionalista en Cataluña y el País Vasco, y los segundos atesoraban recursos y ahormaban a sus poblaciones en torno al ideal nacionalista. A esa época corresponden las tres primeras legislaturas de Felipe González.
A partir de 1993 y hasta el año 2000, se entra en una nueva fase, caracterizada por el peso de los nacionalismos en las decisiones que toma el Gobierno central sobre todo el territorio estatal: tanto sea el negocio del gas como las cesiones en el tramo sobre el Impuesto sobre la Renta. La llegada de las mayorías simples a Madrid convierte a los nacionalistas en ministros invisibles del Gobierno central. Durante esa época, Pujol es elegido el hombre más poderoso de España. La recuperación de la mayoría absoluta por Aznar, en el segundo mandato, sirve para detener este proceso, que se salda con la inexistencia de acuerdos con los gobiernos autonómicos.
LA ALIANZA CON NACIONALISTAS
Con la llegada de Zapatero se produce un cambio cualitativo: la entente con los nacionalistas pasa de lo meramente táctico o coyuntural, al nivel estratégico, de ahí la oferta para reformar la Constitución y revisar profundamente los estatutos de autonomía. La idea de fondo es que cabe otra forma de entender España. En aquel momento el ideólogo era Maragall o el hermano de Maragall (Ernest), con el “federalismo asimétrico” (confederación disfrazada), pero a Zapatero le vino como anillo al dedo ese discurso para su proyecto de crear un bloque mayoritario –PSOE e IU y nacionalistas, que dejen al PP fuera del escenario político por una buena temporada, como ocurrió durante la transición con AP.
En ese proceso le tocó pagar los vidrios rotos a Madrid. Las primeras largas declaraciones de la nueva titular de Fomento, Magdalena Álvarez, abundaban en la idea de comunicar por autovía a todas las capitales de provincia de España, para crear ejes transversales de comunicación, que obviasen a Madrid. Así de claro. Tres años más tarde, los madrileños le devolverían la moneda a Zapatero, con varias manifestaciones multitudinarias que detuvieron las concesiones del proceso de paz. Y el pasado viernes, le dedicaron una gran pitada al presidente. Cuando se habla de que Madrid es de derechas, se olvida que la comunidad fue gobernada por Joaquín Leguina y que Tierno Galván y Juan Barranco fueron alcaldes de la capital. Un caso similar al supuesto derechismo de Oviedo, que resulta incompatible con los ochos años de alcaldía de Antonio Masip.
Mariano Rajoy apela a la bandera para situar el debate electoral en el terreno de los dos modelos de España. Reducidas las diferencias sobre lo que hay que hacer con ETA, queda por dilucidar el papel de los nacionalismos y el poder de la Administración central. El Estado de las Autonomías, tal como se entendió durante veinte años, exige que el Gobierno central retenga un nivel mínimo de competencias por debajo del cual el Estado se disuelve o no resulta operativo. Un ejemplo de esto son las limitaciones legislativas impuestas por el “Estatut” al Estado. ¿Qué puede hacer Zapatero más allá del Ebro, además de financiar costosas infraestructuras?. Ligado a este asunto está el papel de los nacionalismos. Una cosa es que los grupos parlamentarios de CiU, PNV o ERC hagan valer sus peticiones para garantizar la viabilidad de un gobierno, y otra que impongan un modelo de Estado.
El generoso gasto social de Zapatero y la gran creación de empleo no van a zanjar esta discusión, porque lo que está en juego es si España responde al modelo de Estado descentralizado o si es una coordinadora de territorios, con algún nexo de conveniencia. Por eso se agitan las banderas.

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LA RECONCILIACIÓN NACIONAL
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Juan Neira | 11-10-2007 | 11:39| 0

Con motivo del inminente debate parlamentario sobre la Ley de la Memoria Histórica, la Iglesia Católica anima a los partidos políticos a huir del revanchismo y apostar por la paz y la concordia. La Iglesia recuerda que los símbolos van asociados a sentimientos, así que la obligación oficial de suprimirlos puede dar paso a una época de discordia.
El planteamiento de la Iglesia coincide con la política asumida por todos los partidos y organizaciones sindicales tras la muerte de Franco. Esa política tuvo un nombre: reconciliación nacional, y no nació de las sabios consejos del cardenal Tarancón ni del entorno del Gobierno de entonces, sino del grupo político que lideraba la estrategia de la oposición: el Partido Comunista de España. El pacto por la libertad, animado por Santiago Carrillo, descansaba en una premisa: la reconciliación nacional, el olvido de las trincheras de los años treinta y de la opresión de la Dictadura, para construir entre todos el futuro sin mirar hacia el pasado. La guerra civil y la paz edificada sobre la victoria de las armas dejaron múltiples heridas, así que lo mejor era poner la revisión del pasado en manos de los historiadores y de las iniciativas de la sociedad civil, sin implicarse las instituciones políticas. La reconciliación nacional fue una iniciativa de izquierdas, a la que luego se adhirió la derecha. La reconciliación nacional tiene un precedente en los últimos discursos de Azaña, cuando quiso dejarla como legado para las siguientes generaciones de españoles.
Con la Ley de Memoria Histórica se reabre un capítulo que parecía definitivamente cerrado. No hay una causa de interés general que justifique esta ley. Es un intento de volver a los temas de la transición, treinta años más tarde, cuando las urgencias políticas ya son otras. La batalla sobre el pasado fue ganada por las generaciones de la transición y la mejor prueba de ello es la Constitución. En España hay una gran división política, que amenaza con trasladarse a la sociedad, como lo evidencian las grandes movilizaciones desarrolladas en la calle durante esta legislatura. En este clima, la aprobación de la Ley de Memoria Histórica no ayuda a sosegar los ánimos, aunque parezca muy progresista

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LA BANDERA
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Juan Neira | 11-10-2007 | 12:16| 0

Mariano Rajoy ha grabado un mensaje de corte institucional, en el que invita a los españoles a celebrar la fiesta nacional del 12 de octubre (Día de la Hispanidad) con algún gesto hacia la bandera, símbolo por excelencia de todos los españoles. Una iniciativa sin precedentes, máxime al tratarse de un político que no gobierna, sino que es líder de la oposición.
A la bandera española le ocurre lo que no sucede con ninguna otra bandera de un país democrático: una parte de la población no se atreve a mostrar simpatía por ella, al creer que se trata de una actitud derechista, propia de los nostálgicos del anterior régimen. En España se agitan, sin pudor, las banderas de las comunidades autónomas, pero la enseña nacional no se cuelga con facilidad en los balcones, para no provocar equívocos. Es una situación singular, que no tiene parangón en otro lugar. No hay una mayor identificación de los ciudadanos con las comunidades autónomas que con la nación –exceptuando, quizás, un par de territorios-, pero la bandera nacional se evita, salvo si se trata de airearla en competiciones deportivas. La razón de esta situación especial no es otra que el poso del franquismo. Durante la Dictadura se persiguió a los comunistas o se depuró a una parte de la intelectualidad, pero nada quedó más dañado que la educación clásica y la bandera nacional. La alergia a la disciplina en los centros de enseñanza responde al miedo a repetir el autoritarismo de la Dictadura, y la reserva hacia la bandera nacional nace de la identificación cromática con el franquismo. Aunque se cambió el escudo, quedó el estigma. Es algo absurdo, porque el franquismo no inventó ninguna bandera, aunque sustituyera la tricolor de la II República.
La iniciativa de Rajoy puede servir para romper con los prejuicios hacia la bandera, aunque su finalidad es otra: reivindicar la nación ante el desmadre de las “realidades nacionales” de los estatutos y la consulta popular del lendakari. Creo que el reconstituyente nacional sería más efectivo con otra medicina: un pacto de los dos grandes partidos para discutir todo, pero con dos límites: respeto a la letra de la Constitución y no negociar la estructura estatal con los grupos nacionalistas que no creen en el Estado.

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CUENTAS SIN HIPOTECAS
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Juan Neira | 10-10-2007 | 12:07| 0

Jaime Rabanal ha descartado utilizar el Presupuesto del Principado para ayudar a las personas que tengan dificultades con el pago de sus deudas hipotecarias debido a la subida de los tipos de interés. IU había solicitado al Gobierno regional que dedicara recursos a paliar ese problema, pero el consejero de Economía se ha negado. Hace unas semanas, los portavoces de CiU condicionaron el apoyo a los Presupuestos Generales del Estados a que fuera satisfecha esa misma demanda por parte del Gobierno de Zapatero.
Hay mucha gente que nota en su cartera la subida de los tipos de interés. En España más de un tercio de los ciudadanos tienen suscritos créditos por un total de 3,2 billones de euros, el triple del Presupuesto del Estado. El pago de los intereses se ha duplicado en los dos últimos años. En el global de lo que se debe tiene una gran importancia las deudas hipotecarias, que son las más sensibles socialmente, porque la gente puede quedarse sin vivienda en caso de no tener recursos. Reconocido el problema, lo que no cabe es orientar el Presupuesto del Principado a dar ayudas a los particulares con el dinero de todos. La Administración ya concede ayudas fiscales al aplicar desgravaciones en la compra de la vivienda. La subida de los tipos de interés no es una decisión del Gobierno, sino del Banco Central Europeo, que obliga a reajustar las cuentas a administraciones, empresas y particulares. Utilizar la recaudación fiscal para ayudar a pagar los créditos hipotecarios o para mantener artificialmente bajo el precio de la electricidad es una política populista, insostenible en el medio plazo.
Rabanal ha rechazado la iniciativa de IU cuando quedan unos días para discutir con este grupo político el borrador de los Presupuestos del Principado. IU demanda un tratamiento más progresivo en el Impuesto sobre la Renta o el incremento de las políticas sociales. En este contexto, la negativa del consejero de Economía a dar ayudas para el pago de las hipotecas le brinda un argumento a la oposición para oponerse a los Presupuestos del Principado. Aún así, hace bien Rabanal en negarse a esa demanda, porque sería una mala decisión presupuestaria y tampoco zanjaría las diferencias políticas entre el Gobierno e IU.

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DEBATES QUE DIVIDEN
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Juan Neira | 08-10-2007 | 11:56| 0

Tras un largo proceso de negociación, el Gobierno de Zapatero ha llegado a un acuerdo con todos los grupos parlamentarios (exceptuando al PP y a ERC) sobre la Ley de Memoria Histórica, que será tratada en el Pleno del Congreso de los Diputados dentro de diez días. Sobre esta iniciativa parlamentaria se ha discutido mucho, unos defendiendo la necesidad de dar reconocimiento público a las víctimas de la represión durante la Guerra civil y la Dictadura, y otros acusando el proyecto de maniqueo, al no valorar que los excesos violentos se dieron en los dos bandos enfrentados durante la contienda fratricida. Puede que unos y otros tengan razón, pero la valoración política no se puede plantear en estos términos.
La Ley de Memoria Histórica sería inobjetable en la primera legislatura democrática, como forma de revisión crítica sobre el periodo político precedente, cuando se hablaba constantemente en la calle de la Segunda República, la Dictadura y la recuperación del sistema de libertades. Treinta años más tarde, no había ninguna razón para ponerse a discutir sobre los crímenes cometidos durante el franquismo, porque las prioridades políticas y legislativas son otras. Gaspar Llamazares valora la redacción definitiva de la ley porque deroga el aparato jurídico de la Dictadura y declara ilegítimos los procesos. A estas alturas, no es ningún avance la deslegitimación de los procesos judiciales del franquismo porque la sociedad española no tiene ninguna duda sobre la iniquidad de la Dictadura.
La Ley de Memoria Histórica se apoya implícitamente en la premisa de reparar una injusticia que no pudo realizarse durante los primeros años de la democracia. Es algo similar a lo que pasa con los nuevos estatutos de autonomía que pretenden superar los condicionantes políticos que supuestamente pesaban sobre los actuales textos, como si el Estado de las Autonomías se hubiese levantado con pesadas hipotecas. Sin embargo, la sociedad española está ahora más dividida que al empezar la actual legislatura y el modelo territorial –si es que hay alguno- suscita un menor consenso que el asentado con los primeros estatutos. Zapatero debería meditar sobre estas realidades antes de lanzarse a abrir debates.

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