El Comercio
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Autor: juanneira
LA HUIDA HACIA ADELANTE
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Juan Neira | 10-09-2017 | 4:54| 0

La gente se pregunta qué va a pasar. Como Rajoy no enseña sus cartas, más allá de la presentación de querellas y recursos, se ignora cómo va a impedir la celebración del referéndum. De lo que no hay duda es que el primero de octubre los independentistas sacarán las 6.000 urnas del zulo y las colocarán por colegios, institutos, centros de salud, gimnasios, museos, parroquias, palacios de la música o cualquier sitio donde haya una mesa y el dueño del local dé permiso para colocar una urna.

La plasmación del referéndum se hará de una forma ‘sui géneris’, a semejanza de cómo fue la tramitación parlamentaria de su ley: sin ninguna garantía. El resultado de la votación lo decidirá la Generalitat. Los partidos independentistas han degradado las instituciones y las cosas ya están maduras para actuar como Maduro.

¿Cómo pudo ser Cataluña la única región de Europa donde se produjo semejante engendro?

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Para ver con detalle cómo fue el proceso habría que remontarse hasta la Transición, pero con independencia de que hagamos esa excursión otro día, quiero centrarme en lo ocurrido en los últimos años para verificar que la apuesta por la independencia es una operación de las elites políticas, no del pueblo liso y llano que pasea por las Ramblas.

En el año 1999, Fomento, la patronal catalana, puso en circulación el discurso del desigual trato fiscal. En aquel tiempo, el crecimiento económico de Madrid era mayor que el de Cataluña y la patronal dio una respuesta política: los catalanes pagan más y el resto de los españoles se aprovechan de ello. Para dar un barniz de respetabilidad a lo que no pasaba de ser mera propaganda, exigieron la publicación de las balanzas fiscales.

En 2003, con Maragall presidiendo el gobierno tripartito de izquierdas, la Generalitat habló de «fatiga fiscal». Se lanzó la agresiva campaña del «España nos roba».

Todo muy burdo: los catalanes pagan los mismos impuestos que los demás; si en un territorio la recaudación fiscal es mayor que en otro, se debe únicamente a que la riqueza media es mayor. Ejemplo: en Somió se paga más que en La Calzada, aunque un señor que gane 40.000 euros tributa igual en cualquiera de los dos barrios. La transferencia de rentas de los más ricos a los más pobres es una pauta en todas las sociedades civilizadas.

La falsa sensación de agravio hizo que demandaran y consiguieran la consecución de un nuevo Estatuto de Autonomía. Zapatero los animó diciendo que las Cortes ratificarían el texto que aprobara el ‘Parlament’. El ‘Estatut’ contenía artículos dudosamente constitucionales y el PP lo puso en manos del Tribunal Constitucional, de donde salió trasquilado.

Los nacionalistas consideraron intolerable que el TC anulara artículos del ‘Estatut’, aunque ellos recurrieron todas las veces que quisieron para tumbar normas del Estado. En el relato de los independentistas se argumenta que la actuación del Constitucional fue el elemento clave para optar por la independencia.

Datos

Es muy importante retener algunos datos. En el referéndum para aprobar el ‘Estatut’ participaron solamente el 49,4% de los catalanes. De los que se acercaron a las urnas, el 20,7% emitieron un voto negativo y el 5,3% lo hicieron en blanco. En resumen, solo el 36% de los catalanes con derecho a voto apoyaron el ‘Estatut’. Traducción, el texto rupturista era una creación de la clase política que solo respaldaron uno de cada tres catalanes. El nuevo Estatuto de Autonomía solo importaba a las elites políticas.

Hace ahora cinco años, Artur Mas se entrevistó con Rajoy para pedirle que Cataluña se adhiriera al modelo fiscal vasco, con el sistema del cupo. Un privilegio trasnochado que lograron los vascos en la Transición y que no tiene ninguna región europea. Dicho crudamente: el privilegio nunca lo habría concedido Adolfo Suárez de no estar ETA en activo. Había que apuntalar el posibilismo del PNV, como una operación de Estado.

La negativa de Rajoy propició la respuesta fulminante de Artur Mas, dando por finiquitada la vía estatutaria y abriendo la senda hacia la independencia. El giro del partido en el Gobierno de Cataluña corrió en paralelo a un doble fenómeno: su creciente protagonismo judicial, causado por los escándalos de corrupción, y las dificultades para gestionar la Generalitat debido al fuerte endeudamiento. En las últimas elecciones catalanas, de septiembre de 2015, los partidos constitucionalistas tuvieron más votos que los independentistas, aunque al ir agrupados CiU y ERC, lograron más escaños. A partir de ese momento, el paso de los acontecimientos lo marcó la CUP, que vetó a Artur Mas e impuso al Gobierno catalán las opciones más radicales bajo la amenaza de dejarlo caer.

El pueblo catalán dio un apoyo muy bajo al ‘Estatut’, participó minoritariamente en la consulta del 9N, y dio más votos a los constitucionalistas que a los independentistas en los últimos comicios. Todo el problema catalán reside en sus elites políticas, que han iniciado una fuga hacia adelante ante la realidad de una Generalitat asfixiada con las deudas, la persecución judicial de sus figuras históricas, y la negativa del Estado a darle un trato fiscal de privilegio.

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EL TORPEDO DE ADA COLAU
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Juan Neira | 09-09-2017 | 6:59| 0

La batalla entre independentistas y constitucionalistas afecta de lleno a los más de novecientos ayuntamientos catalanes. La misiva de Carlos Puigdemont conminando a los alcaldes para que en el plazo de cuarenta y ocho horas le dijeran si cedían locales municipales para la celebración del referéndum de autodeterminación ha dividido al mapa municipal. Con actitud militante, por la rapidez en la respuesta, más de seiscientos alcaldes contestaron afirmativamente, mientras que los grandes ayuntamientos (Tarragona, Lérida, Hospitalet de Llobregat, Tarrasa, Mataró o Santa Coloma de Gramanet) rechazaron colaborar con la iniciativa independentista.

Faltaba por conocer la respuesta del Ayuntamiento de Barcelona que alberga 1,6 millones de habitantes (el área metropolitana de Barcelona duplica esa población, pero en ella hay treinta y seis municipios). Al final, Ada Colau se niega a ceder locales: “facilitar la participación a toda movilización democrática sin poner en riesgo a la institución ni a los funcionarios”. Una postura razonada, en la que ni siquiera nombra explícitamente al referéndum. La alcaldesa está a favor de una consulta, pero critica el carácter unilateral de la iniciativa de la Generalitat, “no puede resolverse de una manera fácil y rápida, anteponiendo el fin a los medios y, con las prisas, dejando fuera a la mitad de Cataluña”. Ada Colau añade, “somos un país plural y tenemos que preservar esa pluralidad como un tesoro”.

La decisión de la alcaldesa de Barcelona es un torpedo en la línea de flotación del proyecto de Carlos Puigdemont y Oriol Junqueras. El Gobierno de la Generalitat pretendía la adhesión, en bloque, de los alcaldes para tapar la realidad de un Parlamento dividido y resquebrajado que toma las decisiones más transcendentes de la historia catalana con urgencias, trampas y nocturnidad. Colau pone el dedo en la llaga, al hablar de “prisas” y de “preservar la pluralidad”. Entre la población catalana es más que probable que hay un amplio sector que está a favor de un referéndum pactado y con garantías, dos características que están ausentes en la intentona de Puigdemont y Junqueras. Desde la Generalitat se busca la independencia de Cataluña saltándose a la torera los procedimientos parlamentarios y organizando el referéndum con el mismo libreto que utiliza  Nicolás Maduro para tomar decisiones en Venezuela. Consultados los alcaldes, emerge la Cataluña plural que niegan los sediciosos.

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EN ABIERTA REBELDÍA
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Juan Neira | 08-09-2017 | 9:14| 0

La deriva de las instituciones catalanas toma un curso acelerado guiada por la mayoría parlamentaria independentista y el Gobierno del mismo signo. Ignoran a la Constitución y a las leyes y no reconocen a los tribunales. Orillan los mecanismos de control y sólo se sienten responsables ante un sujeto tan genérico y vaporoso como es el pueblo de Cataluña. Tras la aprobación de la Ley de Referéndum, toca el turno a la ley que regula la Agencia Catalana de Protección Social, que es el germen de la Seguridad Social catalana y, posteriormente, a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, denominada “ley suprema”, que es la columna vertebral del nuevo orden político y jurídico de la mentada República. No sólo pretenden dejar arrumbadas las leyes estatales, sino también a las que emanaron de las instituciones catalanas, entre ellas el Estatuto de Autonomía. En una demostración superlativa de cinismo la aprobación de las nuevas leyes se realiza a través de un procedimiento profundamente antidemocrático, negando a la oposición la posibilidad de poner enmiendas a la totalidad, dando una o dos horas para presentar enmiendas parciales y sin aceptar someter los proyectos al dictamen preceptivo de los órganos de asesoramiento. Es una situación de completa rebeldía.

El Gobierno de España instrumenta las respuestas previstas en nuestro ordenamiento, como es la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlamento y contra el Gobierno catalán, presentando recursos ante el Tribunal Constitucional y dando un aviso para navegantes (funcionarios) sobre las consecuencias que acarrearía colaborar en el referéndum del primero de octubre. Los contactos de Rajoy con los líderes  de los partidos comprometidos con la Constitución, como el PSOE y Ciudadanos, se suceden.

¿Bastarán estas medidas para reconducir la deriva institucional catalana? Tengo muchas dudas. Los independentistas han cruzado, por primera vez, el Rubicón desde los años treinta del pasado siglo. No se van a detener por las decisiones del Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. El ejemplo lo tenemos con la inmediata respuesta de cientos de ayuntamientos (más de 400) a la petición de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum. No me extraña que se atrevan a saltarse la legalidad porque hasta ahora han podido hacer todo tipo de desfachateces sin sufrir ningún perjuicio. El Estado tiene tres semanas para sacarles del error.

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LA INDIGNIDAD DEL PARLAMENTO
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Juan Neira | 07-09-2017 | 11:43| 0

El larguísimo pleno del Parlamento catalán que estaba convocado como una sesión de control al Gobierno, y se acabó transformando en el debate y aprobación de la Ley del Referéndum, mostró de manera diáfana el déficit democrático que arrastran las fuerzas independentistas. En medio de la sesión, pidió la palabra una diputada de Juntos Por El Sí para modificar el orden del día y exigir el debate sobre una ley que acababan de registrar en la Cámara. Lo nunca visto. Ese proceder no se le puede llamar tramitación exprés, porque es una alteración de los usos parlamentarios de tal calibre que no tiene precedentes.

La oposición puso el grito en el cielo, pero la presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, demostró hasta qué punto la indignidad se adueñó de las instituciones de autogobierno de Cataluña: no quiso cumplir con el trámite preceptivo de oír la opinión del Consejo de Garantías Estatutarias sobre el proyecto de ley; tiró p’alante cuando comprobó que el secretario general del Parlamento no firmaba la admisión a trámite del proyecto de ley (una firma inexcusablemente obligada para que tenga validez); no dejó presentar enmiendas a la totalidad del proyecto (la primera vez en la historia que se impide a los diputados hacerlo) y dio dos horas (al principio sólo daba una) para presentar enmiendas parciales cuando se acababa de registrar la ley y nadie de la oposición había tenido la posibilidad de leerla. Como la mañana no era suficientemente ajetreada, la señora Forcadell tuvo tiempo para comunicar mediante las redes sociales que recusaba a todos los magistrados del Tribunal Constitucional porque habían perdido la legitimidad al convertirse en correa de transmisión del Gobierno. En la historia parlamentaria española dudo mucho que haya habido un presidente del poder legislativo que hiciera tantas barbaridades en una sola jornada.

La deslegitimación en que han caído los partidos independentistas es total. No es creíble ni seria su forma de proceder. La calidad democrática de las instituciones catalanas se ha depreciado, aunque su valor ya era muy bajo. En el breve debate sobre el proyecto de ley brilló por encima de todos los intervinientes, Inés Arrimadas, una mujer inteligente, valiente y brillante que defendió la opción constitucionalista sin ningún complejo ante los nacionalistas. Al acabar la sesión anunció en rueda de prensa que registrará una moción de censura contra Puigdemont. Con eso no contaba Forcadell.

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EL DINERO HACE DAÑO
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Juan Neira | 06-09-2017 | 7:06| 0

El Tribunal de Cuentas ha exigido el depósito de una fianza de 5,1 millones de euros a nueve miembros del Gobierno de la Generalitat que participaron en la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014. Si para el día 25 de este mes no entregan la cantidad demanda, procederán a embargar sus bienes. El Tribunal de Cuentas trata de recuperar el despilfarro de dinero provocado con la preparación de una consulta que el Tribunal Constitucional había declarado ilegal. Valorado el coste de las actuaciones, entre las que se encuentra la compra de ordenadores por valor de 2,8 millones de euros, los políticos de la antigua Convergencia i Unió tendrán que responder con su propio peculio.

La noticia ha caído como una bomba entre los partidos del actual Ejecutivo catalán, Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana (ERC). Los principales dirigentes han caído en tal estado de excitación que no han hecho otra cosa que desbarrar. Carla Puigdemont y Oriol Junqueras se han puesto ante los micrófonos para decir que el “Gobierno ha vulnerado todos los procedimientos, saltándose el Estado de Derecho”; aseguran que se trata de “una incautación de patrimonio personal” y que ellos sí tienen un “respeto escrupuloso a la separación de poderes”. Si no fuera por su edad y sus aviesas intenciones, parecería que hablan como niños. Creían que podían llevar a cabo una actuación onerosa, declarada ilegal por el TC, sin que tuviera consecuencias. Se asombran de que les incauten el patrimonio personal, pero no le dan importancia al derroche público que ellos realizaron. Hablan de separación de poderes cuando diseñaron una norma, que ellos llaman “ley suprema”, que pone el poder judicial de la hipotética Cataluña independiente en manos del Gobierno de la Generalitat.

El primer político citado por el Tribunal de Cuentas es Artur Mas. Cuando dejó la Presidencia del Gobierno, forzado por la CUP, designó a Carla Puigdemont como sucesor. Le toca ahora Puigdemont sacarlo del lío y no lo va a tener fácil. Hay que poner cinco millones contantes y sonantes encima de la mesa y eso a un grupo de catalanistas de pura cepa les duele más que ceder un riñón. Es la primera vez en tres años que los independentistas van a pagar un coste por realizar actuaciones ilegales. Hasta ahora podían decir y hacer lo que les viniera en gana que no pasaba nada. El castigo público produce efectos pedagógicos de masas. Una buena reflexión para el primero de octubre.

 

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