El Comercio
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Autor: juanneira
ESCENARIO PARA LA BICEFALIA
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Juan Neira | 10-12-2017 | 7:37| 0

Del curso parlamentario asturiano, la única fase interesante es la dedicada al debate sobre el estado de la región y la negociación presupuestaria. El resto del tiempo se pierde en comisiones de investigación sin grandes revelaciones y en preguntas al presidente que no clarifican nada.

Este año el chequeo a Asturias y la suerte del proyecto presupuestario apenas han generado expectación. El presidente del Principado participó más relajado que nunca en el debate sobre el estado de la región, y aunque hubo continuas alusiones a los presupuestos, en ningún momento forzó el discurso para atraerse a los potenciales aliados.

Los cinco portavoces de la oposición marcaron distancias con el Gobierno, siendo Mercedes Fernández la única que se ofreció expresamente para aprobar las cuentas, aunque su oferta llegaba envuelta en un conjunto de duras descalificaciones. Así quedó definido el marco de la negociación.

Desde entonces hasta ahora no hubo acercamiento entre las posiciones de unos y otros. Ni siquiera se mantienen las formalidades de una negociación presupuestaria digna de tal nombre, ya que no hay reuniones periódicas ni las partes eligieron delegaciones para realizar la negociación. Todo queda en distintos contactos de la consejera de Hacienda con algunos portavoces, sin profundizar en ninguna materia.

Formalidades

Hace diez años, gobernando Álvarez Areces, la negociación presupuestaria se llevaba con más seriedad. Por parte de los socialistas participaba el secretario general de la FSA, Javier Fernández, acompañado de algún otro miembro de su equipo, y con ellos estaba el presidente Areces y el consejero de Hacienda, Jaime Rabanal. El secretario general de la FSA abría y cerraba las reuniones.

En la actualidad, la FSA no está en las negociaciones y eso que en el manual de estrategia del PSOE consta que la competencia sobre los pactos recae en la dirección del partido. El presidente del Principado tampoco se encuentra en primera línea de fuego. El pasado año ya ocurrió algo parecido, al basarse toda la negociación en el diálogo entre Dolores Carcedo y Mercedes Fernández, con final feliz.

Si al incumplimiento de las mínimas formalidades de una negociación presupuestaria añadimos el veto puesto por el presidente a los grupos de centro-derecha nos encontramos con que los actores de la negociación y la materia de la misma quedan fuertemente constreñidos.

Después de los fructíferos resultados cosechados por el diálogo con el PP, un partido que siempre se ofrece a aprobar los presupuestos socialistas, sin apenas pedir contrapartidas, no se entiende que el Principado lo excluya de la negociación. Quizás en esta ocasión el PP no estaba por la labor, pero dados los antecedentes resulta absurdo excluirlo a priori.

Por decisión del presidente, los presupuestos saldrán adelante si hay un pacto de izquierdas (inédito en lo que va de mandato) o en caso contrario quedarán prorrogadas las cuentas de 2017.

Propuestas

Con tantas restricciones, las propuestas que hay sobre la mesa son escasas. IU solicita que los ayuntamientos no tengan que devolver el dinero de los planes de empleo y la concreción de una propuesta que visualice el compromiso del Ejecutivo con el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años). También pide la aprobación de leyes sociales y un impulso a la lengua asturiana.

El planteamiento de IU debería ser un revulsivo para que Javier Fernández relanzara la negociación, ya que Gaspar Llamazares ha declarado que le valen las cifras del presupuesto, sólo necesita para aprobarlo la expresión de una voluntad política clara de llevarlo a cabo. Aliados tan generosos no los tienen todos los gobiernos.

Podemos, el partido clave para formar una entente de izquierdas, pone como condición la articulación de una red escolar universal, pública y gratuita para niños entre cero y tres años.

No es una propuesta populista. Es más que probable que el PSOE de Pedro Sánchez lleve en su programa una iniciativa de ese tenor, sin embargo el Gobierno de Javier Fernández no se plantea aprobarla. Sólo acepta gastar algo más de dinero en esa etapa educativa para que le salga más barata a los padres.

Culpables

Javier Fernández ya abrió la espita del juego de las culpabilidades. Se le entendió bien, uno de los cinco partidos de la oposición (Podemos) es el culpable de que el Gobierno socialista prorrogue los presupuestos.

Vamos a ver. No se negocia en tiempo y forma, se rechazan las propuestas de la oposición, y luego se reserva la potestad de atribuir a otros la paternidad de los fracasos. ¿Cómo interpretar todo esto?

Para mí la clave de lo que sucede está en las primarias y el congreso de la FSA. La victoria de los ‘sanchistas’ restó margen de maniobra a Javier Fernández. Ante esta realidad, el presidente optó por mantener el modelo presupuestario con el que se encuentra identificado.

Se diseña un horizonte para los dieciocho meses que quedan de mandato: paz interna; gran protagonismo para asuntos de bajo perfil ideológico, como el plan demográfico y la reordenación del área central, mientras se gobierna la región estirando el presupuesto de 2017 hasta 2020. Escenario para la bicefalia.

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ESTANQUE DE AGUAS MUERTAS
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Juan Neira | 09-12-2017 | 4:24| 0

Para salir del tiempo muerto en que se encuentra la negociación presupuestaria, IU lanza una propuesta de varios puntos que de ser aceptada por los socialistas supondrían el apoyo de los diputados de IU al proyecto de cuentas regionales para 2018. En la iniciativa se encuentra eximir a los ayuntamientos de devolver el dinero de los planes de empleo, así como un compromiso claro con el ciclo educativo de cero a tres años. A esos dos asuntos, ya conocidos, se suma la petición de una hoja de ruta para la llingua y dos leyes que aborden asuntos como la pobreza infantil, las emergencias sociales o la pobreza energética. Lo más llamativo de la propuesta no es el contenido de la misma sino el destinatario: la Federación Socialista Asturiana (FSA). Es el primer intento de un grupo de la oposición por involucrar a la FSA en la negociación de las cuentas regionales para 2018.

La cuestión de los planes de empleo la planteó IU desde la primera ronda de las negociaciones y todavía está por resolver. Buenas palabras y poco más. La educación de cero a tres, caballo de batalla de estos presupuestos, es la bandera de Podemos en la negociación. El grupo de Llamazares no hace un planteamiento concreto al que tenga que adherirse la FSA, sino que pide a los socialistas un paso adelante que permita visualizar su compromiso con el primer ciclo de Infantil. Hasta ahora el Gobierno socialista se ha limitado a aumentar su contribución económica, manteniendo el carácter municipal y de pago de esa etapa educativa. Las otras dos cuestiones no son específicas de los presupuestos. Trazar una hoja de ruta para el asturiano o redactar leyes sociales entran dentro del ideario de IU, pero pueden abordarse como iniciativas parlamentarias independientes del debate presupuestario. No obstante, tiene sentido hacerlo si la oferta va destinada a Adrián Barbón. Es una manera de tantear los compromisos políticos que es capaz de asumir el nuevo secretario general de la FSA.

IU lanza una piedra a un estanque de aguas muertas. Nunca vi tanta inactividad en torno a los presupuestos cuando faltan poco más de diez días para el debate de las enmiendas de totalidad. Todo el mundo da por hecho que entraremos en prórroga presupuestaria. El Gobierno socialista, los seis grupos parlamentarios, los partidos políticos, los agentes económicos y sociales, las entidades que cobran subvenciones y observadores de todo pelaje miran con resignación la llegada de la prórroga. Hay consenso.

 

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TRUCOS Y CULPAS
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Juan Neira | 08-12-2017 | 6:41| 0

Los gobiernos autonómicos tienen prisa por negociar un nuevo modelo de financiación. La cúpula de los grandes partidos ha incluido esa cuestión entre las prioridades de la agenda política. Fruto de las urgencias ha nacido el ataque de los gobiernos regionales al cupo vasco. Les asiste la razón, ya que no es de recibo que una comunidad se financie de una manera distinta al resto y que por esa vía logre un extraordinario paquete de recursos, mientras que otras no tienen dinero para costearse los servicios básicos fundamentales. Ahora bien, con la crisis catalana abierta y el cupo recién aprobado para los próximos cinco años, no es muy útil cargar contra molinos de viento.

Lo que ahora toca es impedir que el manoseado modelo de financiación autonómica quede definitivamente descompensado por la vía de hacer concesiones extraordinarias a Cataluña. Como es una región muy poblada, cualquier privilegio añadido dañaría a las regiones que reciben más fondos de solidaridad del conjunto del sistema de financiación. Es distinto dar un trato de favor a un territorio como el País Vasco, con 2,1 millones de habitantes, que hacerlo con Cataluña, que tiene 7,5 millones. Cuando las elecciones catalanas hayan quedado atrás y se forme el nuevo gobierno de la Generalitat, habrá un intento por devolverlos a la vía autonómica a través de una negociación bilateral que incluya medidas extraordinarias como la condonación de la deuda. En ese momento, Asturias y las regiones que se han dotado de un régimen estatutario por la llamada vía lenta deberán mostrarse firmes y exigir un trato igualitario. O todos, o ninguno.

Mientras la disputa de la financiación regional se encuentra en ciernes, en Asturias todavía no se ha agotado el debate del presupuesto. Creo que el Gobierno de Javier Fernández ya da la batalla por perdida y ha entrado en la fase de cargar el muerto a los presuntos culpables: los diputados de Podemos. En su última intervención parlamentaria, el presidente del Principado le dijo a Emilio León que en caso de que no haya unos presupuestos pactados entre la izquierda, «la responsabilidad será sólo suya».

Objetivemos la cuestión acogiéndonos a una ley de carácter universal: las responsabilidades en política guardan una relación directa con el poder que tenga cada grupo. El mayor poder sobre los presupuestos corresponde al Ejecutivo socialista, así que la culpa se puede repartir a condición de que la porción más grande se adjudique al Ejecutivo.

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LA VALIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN
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Juan Neira | 07-12-2017 | 5:05| 0

La celebración del 39 cumpleaños de la Constitución ha servido para que los líderes políticos pidieran reformarla. Rajoy siempre había dado evasivas, pero ante la ofensiva del independentismo catalán, al inicio del otoño, tuvo que dar el brazo a torcer y aceptar la petición de los partidos de oposición, en especial del PSOE. En la actualidad los cuatro grandes partidos parlamentarios (PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos) quieren reformarla. El consenso no ahoga las preguntas que brotan solas. ¿Está desfasada la Constitución? ¿Hay algún problema en España que se solucione reformándola? ¿Mejora en algo la estructura federal al actual modelo territorial autonómico? La respuesta a los tres interrogantes es no. La Constitución no es ningún obstáculo para resolver los problemas ni su reforma sirve de llave para solucionarlos. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias quieren introducir en su articulado una serie de derechos, pero la experiencia nos enseña que explicitar el derecho al trabajo y a gozar de una vivienda no ha servido para luchar contra el paro ni para acabar con los desahucios. Lo mismo ocurrirá con otros derechos sociales que resulten constitucionalizados. Adentrarse por la vía de las concreciones es un error, ya que algunas cosas deben plantearse de forma ambigua para que los distintos partidos puedan plantear proyectos de gobierno distintos sin ser tachados de inconstitucionales.

La Constitución no trajo la crisis catalana ni fue una rémora para afrontar la crisis económica ni impidió luchar contra la corrupción. Los principales dirigentes políticos deberían iniciar su reforma –como todos la quieren va a ser imposible detener la iniciativa- preocupados por no dejar la ley de leyes en peor estado que el texto original. Me conformaría con que trabajaran con ese ánimo antes de empezar a tachar artículos.

En España hace falta hacer política, tras años de estar sólo preocupados por el déficit público. Hacer política implica no dejar que se pudran los problemas, instrumentar reformas, aplicar leyes que no se cumplen y ahormar mayorías parlamentarias. Trece comunidades autónomas están en contra del cupo vasco; el Gobierno de Rajoy negoció una ampliación del mismo para los próximos cinco años que convierte al cupo en el mayor privilegio territorial de la España autonómica. Todo ello con el único objetivo de lograr que el PNV apruebe los presupuestos del Estado. Un disparate que no se remedia cambiando la Constitución.

 

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UN PUZLE COMPLICADO
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Juan Neira | 06-12-2017 | 8:00| 0

La actualidad catalana vuelve a ocupar el primer plano de la política española. En plena campaña electoral el escenario es múltiple, ya que a los mítines y ruedas de prensa de los candidatos por los distintos puntos de la geografía catalana se suman las decisiones de los jueces, las investigaciones de la Policía, las peticiones de los encarcelados, la actividad de Puigdemont y sus exconsejeros en Bruselas y las tomas de posición de los dirigentes nacionales en apoyo de sus homólogos en Cataluña.

Un puzle complicado, en el que destaca la retirada de los euroórdenes contra el ex presidente Puigdemont y los ex consejeros que lo acompañan en la capital belga. El juez instructor del Tribunal Supremo, Pablo Llarenas, revoca la decisión tomada por la magistrada Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, pretextando que los políticos fugados no tienen intención de evadirse de la Justicia porque piensan regresar a España como candidatos electorales. Viendo al grupo de fugados en la capital de la Unión Europea diciendo que no piensa venir a votar, cuesta entender la decisión del instructor. Al parecer el magistrado se quiere curar en salud y evitar que la Justicia belga deniegue la extradición por rebelión ya que en su ordenamiento jurídico no existe es figura, limitando la acusación a la malversación de fondos, la prevaricación y la desobediencia.

Puede que el magistrado Llarenas actúe con gran sutileza e impida de esa manera que la acusación quede forzosamente reducida, pero para el público parece una maniobra propia de políticos que dicen una cosa, pero lo que buscan es otra distinta. Llama la atención que una astracanada como la de fugarse a Bruselas y disfrazarse de exiliado político esté dando tanto juego a Puigdemont y su séquito. En las encuestas, Puigdemont es el político preferido por los ciudadanos para presidir el gobierno que salga de las elecciones, mientras que la candidatura que encabeza, Juntos Por Cataluña, queda en tercer lugar en esos mismos sondeos. El político que más engañó a los catalanes desde la transición, capaz de prometer una república, para fugarse de España, en secreto, a las 48 horas de proclamarla, pretende volver a ser investido presidente, pese a que va a tener que hacer frente a una imputación penal de gran trascendencia. El jueves, cientos o miles de independentistas van a realizar un viaje a Bruselas para escuchar a su líder. Puigdemont ensaya el rol de Tarradellas, pero no ‘sóc aquí’. Está allí.

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