El Comercio
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Autor: juanneira
ESPAÑOLES SIN COMPLEJOS
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Juan Neira | 30-10-2017 | 11:53| 0

Manifestación multitudinaria en el centro de Barcelona, convocada por la Sociedad Civil Catalana y nutrida de catalanes que se sienten españoles. Tercera demostración de masas de los ciudadanos que no son nacionalistas y aborrecen el independentismo. La marcha llevaba como emblema, «Todos somos Cataluña». Pleno acierto al escoger la frase porque la ideología nacionalista considera a sus fieles como los verdaderos catalanes, los únicos que aman su tierra y tienen derecho genuino a representarla. Para el resto hay un amplio abanico de etiquetas, que van desde charnego hasta traidor.

Los organizadores cifraron en 1,1 millones los ciudadanos que acudieron a su llamada, mientras la Guardia Urbana contó 300.000 peatones. Vuelve a darse una gran disparidad entre las cifras que suministran la Sociedad Civil Catalana y la Guardia Urbana. Sin embargo, cuando salen a la calle los independentistas la Guardia Urbana no discrepa de los números que aportan. La explicación es muy sencilla. La Guardia Urbana es un colectivo a las órdenes de Ada Colau, y la alcaldesa de Barcelona se suma a todas las marchas de los nacionalistas porque sus discrepancias con ellos son de matiz, mientras que las diferencias con las manifestaciones en las que van los votantes del PP y Ciudadanos son sustanciales. Para Ada Colau, como para los independentistas, ver a un millón de catalanes con banderas españolas ocupando sus calles es una imagen indigerible que va en contra de sus más íntimas convicciones.

En los discursos al final de la manifestación, fue muy significativa la intervención de Francisco Frutos, ex secretario general del PCE en los primeros años ochenta del pasado siglo, un hombre que desde sus principios comunistas atacó con enorme dureza a los independentistas por mentir y dividir a la sociedad. Disertó sobre su racismo y se indignó ante la utilización que hacen de los niños en las manifestaciones bajo la falacia de identificar al franquismo con la democracia española. La estrella del acto fue, otra vez, José Borrell, que reivindicó la igualdad entre catalanes, sin distinguir entre ideologías, y defendió las bondades del artículo 155 de la Constitución contra los dislates legales, políticos, económicos y sociales del separatismo. Tras satirizar a Puigdemont y Junqueras, pidió el voto en masa ante un público que gritaba, enfervorecido, «votarem», haciendo suya la consigna de los independentistas ante el referéndum.

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EL EMBRIÓN REPUBLICANO
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Juan Neira | 29-10-2017 | 3:47| 0

Las decisiones tomadas el pasado viernes en el “Parlament”, en el Senado y en el Consejo de Ministros se concretan en dos planes sobre Cataluña de contenido incompatible. La mayoría independentista en la Generalitat va a tratar de levantar un aparato institucional de nueva planta para la proclamada república que incluye constitución, leyes, jueces y administración tributaria. En quince días tiene que tener nombrado ya un consejo asesor.

Por su parte, el Estado pretende despojar de poder institucional a las autoridades catalanas que se declararon en rebeldía y restaurar la legalidad; una operación que se completaría con las elecciones autonómicas del 21 de diciembre.

El desarrollo de los dos planes conlleva grandes dificultades. El bando de los independentistas sólo tiene consolidado el poder municipal, porque el “Govern” y el “Parlament”, sus dos baluartes, se encuentran en el punto de mira del Estado. Más que crear nuevas estructuras van a tener que concentrar sus energías en defender los bastiones que han tenido hasta el presente.

EL DINERO

No obstante, la mayor dificultad está en su dependencia económica. La Generalitat vive del Ministerio de Hacienda. Tiene cerrada la financiación en el mercado. El formidable endeudamiento –se espera que cierre el ejercicio con 77.333 millones de euros de deuda- no le permite acceder al crédito.

Como todo el mundo sabe el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) fue creado por el Gobierno de Rajoy en 2012, por la vía de urgencia, para suministrar dinero a la Generalitat con el fin de que pudiera amortizar los “bonos patrióticos” que había lanzado el mercado a un interés del cuatro por ciento. En el presente ejercicio de 2017, del FLA saldrán 25.894 millones para pagar los gastos de la Administración catalana. Sin la contribución del Ministerio de Hacienda la Generalitat sería insolvente.

Entre los pagos están todas las nóminas de los Mossos d’Esquadra que superan los 40.000 euros por cabeza: desde Trapero y los seis comisarios que se acercan a los 90.000 euros hasta el más novato de los agentes que cobra 34.000.

Sobre este particular es revelador que a principios de verano la Generalitat solicitara permiso para sacar 500 nuevas plazas de los Mossos d’Esquadra, cuando el Gobierno había autorizado 50 con cargo a los presupuestos. Interrogados por la razón de una oferta tan amplia, la respuesta fue premonitoria: “lo necesita la seguridad del país”. Los Mossos, con más de 17.000 agentes, se han convertido en un pequeño ejército que costea el Ministerio de Hacienda. La insumisión ante el poder central puede llevar aparejada la pérdida de sueldo.

LOS CESES

Al aplicar el artículo 155 de la Constitución, Mariano Rajoy se ha fijado como objetivos inmediatos la destitución de Carlos Puigdemont y los miembros del Govern, asumiendo sus funciones los ministerios correspondientes. Es evidente que los citados cargos son los máximos responsables de las ilegalidades cometidas, pero esa constatación no allana las dificultades que rodean el cese.

Si los personajes de este drama son consecuentes con el guion trazado se resistirán a dejar el cargo, ya que se supone que les toca dar los primeros pasos en la construcción de la república. Es más que probable que la Presidencia y las consejerías tengan redoblado el retén de policías que guardan las puertas de sus dependencias oficiales. Los funcionarios más cercanos, adictos al independentismo, harán piña con ellos.

Hay quien piensa que en la era digital tomar el poder no tiene nada que ver con ocupar los despachos, pero si las autoridades y los cargos de confianza siguen en sus puestos de trabajo, el funcionariado seguirá obedeciéndoles como sus jefes naturales. Las órdenes que llegan de Madrid por correo electrónico acabarán todas en la papelera virtual.

MINIATURA

El Estado, fruto del traspaso masivo de competencias, se ha empequeñecido hasta llegar a un tamaño mínimo en Cataluña. La lógica del Estado de las Autonomías dicta que los cargos autonómicos son los representantes del Estado. Una doctrina acertada cuando la relación entre las administraciones está presidida por la lealtad, pero cuando se entiende la descentralización como una estación intermedia hacia el destino final que es la independencia, la miniaturización del Estado sólo facilita los planes de los independentistas.

Llegado a este punto voy a incurrir en incorrección política: hace cuarenta años, sólo en las instalaciones que tenía el Ejército en Sant Climent Sescebes (Gerona) había casi 4.000 hombre armados; hoy hay poco más de la mitad en toda Cataluña. Lo mismo ocurre con la Policía Nacional y Guardia Civil. La principal fuerza coercitiva que existe en Cataluña son los más de 17.000 uniformados que hay a las órdenes de Trapero.

La capacidad para embridar la Administración autonómica a través del artículo 155 de la Constitución se comprobará esta semana. Creo mucho más en los efectos que produzcan las actuaciones de los jueces que en la gestión con telemando de Rajoy.

Tras la desautorización sufrida por el Gobierno en la jornada del referéndum, no puede fallar más veces en la calle. El mejor estímulo para que progrese el embrión republicano es la impotencia del Estado.

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REBELDÍA, REPÚBLICA Y RESPUESTA
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Juan Neira | 28-10-2017 | 5:18| 0

La declaración de independencia de Cataluña ha dejado de ser una expectativa para convertirse en realidad. Al ser fruto de una decisión analizada hasta la saciedad, contemplar el parto del “Parlament” no añade nada nuevo. El núcleo dirigente del movimiento independentista se ha dado el placer de decir al mundo que ha nacido un estado nuevo que nadie va a reconocer. Un estado republicano que depende del Ministerio de Hacienda de España y rechazado por la mitad de los catalanes. Una república que se instala en el limbo de los estados no admitidos en los organismos internacionales y que utilizará  como medio de pago la moneda del euro, sin estar protegidos por el Banco Central Europeo, que es tanto como imaginar a Francia o España haciendo las transacciones en dólares sin cobertura de la Reserva Federal. ¿Qué banco soberano va a tener la Cataluña independiente en un marco semejante?

El independentismo, que es una opción política democrática con su correspondiente argumentario para convencer al público, se convierte en un disparate supremo cuando se gestiona como lo hizo la Generalitat: violando la legalidad, haciendo oídos sordos a las resoluciones judiciales, intimidando a los agentes económicos y despreciando la opinión pública internacional. Pese al narcótico de la ideología, todas estas cosas las saben los miembros del “Govern” y los diputados del “Parlament”. Entonar, repetidamente, “Els Segadors”, como si encabezara la lista de “Los 40 Principales”, no sirve para nada. Así lo evidenciaban las caras de consejeros y diputados, en la sesión plenaria, y lo corroboró la estrategia que utilizaron para iniciar un proceso constituyente sin atreverse a dar vivas a la república independiente de Cataluña. Situados entre dos abismos, la querella de la Fiscalía y la movilización de las bases independentistas, improvisaron una vía para evitar la cárcel y el descrédito de sus votantes. Un esfuerzo inútil que sólo sirvió para constatar que la comadrona de la nueva patria es la cobardía.

Rajoy contestó con dos armas, el artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones a la Generalitat para el 21 de diciembre. La primera era obligada porque no existe otra alternativa para recuperar la legalidad. La segunda es fruto de las presiones de sus aliados (PSOE y Ciudadanos) y de un cierto escepticismo ante la capacidad de actuación del Estado en Cataluña. La forma de despachar a Puigdemont y sus consejeros nos sacará de dudas.

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EL DÍA MÁS LARGO
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Juan Neira | 27-10-2017 | 8:34| 0

La jornada laboral empezó muy pronto para las preclaras mentes del “procés”. Entre las cero y las tres horas de la mañana estuvieron reunidos en el palacio de la Generalitat, el “Govern”, los dirigentes de la mayoría parlamentaria independentista y los representantes de los colectivos sociales pro-independencia (Asamblea y Ómnium). Entre todos juntos trataban de tomar la decisión definitiva: declaración unilateral de independencia o elecciones anticipadas. Un grupo tan amplio y heterogéneo no es el más idóneo para llegar a conclusiones, más aún cuando ya hemos comprobado a lo largo de la crisis catalana que se trata de un colectivo paradójico, con abundancia de cabezas y déficit de cerebro. Se disolvió la amplia reunión sin ninguna consecuencia práctica.

En un horario más convencional se reanudó el trajín laboral en la Generalitat, con Puigdemont reuniéndose con diversos interlocutores, atendiendo mensajes de dentro (CUP) y de fuera (Urkullu), negociando por vía indirecta con el Gobierno central, y jugando de farol al ofrecer la llamada a las urnas a cambio de desechar el artículo 155 de la Constitución y de conceder la libertad para Jorge Sánchez y Jorge Cuixart, los denominados “presos políticos” que provocaron la caída de cera derretida sobre el asfalto de la Diagonal, sin lograr que se cambie su régimen carcelario. Para los políticos independentistas no hay separación de poderes, por eso creen que el Gobierno puede conceder la libertad de los encarcelados.

Fracasado el intento de poner precio político a la convocatoria electoral, con renuncia a la independencia incluida, Carlos Puigdemont optó por inhibirse y dejar la cuestión en manos del Parlamento. La decisión más importante que puede tomar un presidente la traspasó al poder legislativo. A eso se llama estar a la altura de la responsabilidad institucional. Puigdemont se reveló como un aventajado discípulo de Pilatos. El debate parlamentario fue una pérdida de tiempo, porque la mayoría  independentista no quiere proclamar la república hasta que el Senado no apruebe la aplicación del artículo 155. Todo quedó aplazado hasta hoy. La declaración de independencia está a punto de producirse, porque el “president” ha delegado en la mayoría parlamentaria. La convocatoria electoral no es delegable, pero Puigdemont ya se cuidó de decir que no se daban las condiciones políticas para realizarla. En algún momento del día se aplicará el 155 a la república catalana.

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INDEPENDENCIA Y ELECCIONES
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Juan Neira | 26-10-2017 | 11:58| 0

Frenético ritmo de reuniones en el palacio de la Generalitat. Hubo reunión del Consejo de Gobierno, y otros encuentros de carácter informal en los que participaron dirigentes de Juntos Por El Sí, Esquerra Republicana de Cataluña, miembros de la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural. Lluvia de consejos para el atribulado presidente Carlos Puigdemont. Ya decidieron que el “president” no viajará a Madrid para defender en el Senado su postura ante el artículo 155 de la Constitución. En esa decisión probablemente hayan convergido razones de distinta naturaleza, desde el convencimiento de que la aplicación del artículo era imparable hasta el miedo de verse vapuleado en un debate de esa altura por Rajoy o Sáenz de Santamaría ante todos los españoles,  catalanes incluidos. La experiencia parlamentaria de Puigdemont es muy escasa, no pasa de ser un alcalde de Gerona con dos años de comparecencias parlamentarias tuteladas por Carmen Forcadell.

En el orden práctico, la renuncia a comparecer en el Senado, pese a la propaganda de la permanente disposición al diálogo de los nacionalistas, significa que el próximo viernes van a proceder a la declaración unilateral de independencia. De esa forma se pondrá fin a la ambigüedad. Ya no habrá que esperar cartas, llamadas o encuentros; el pulso de los dos bandos seguirá por otros derroteros: el Gobierno central tratando de hacerse con los resortes de poder de la Administración catalana y los independentistas poniendo en juego las más variadas formas de resistencia.

Para hacernos una idea cabal de lo que va a pasar es preciso despejar una incógnita: la convocatoria electoral. Los tres partidos constitucionalistas pactaron que haya elecciones el último domingo de enero, pero la cosa se puede complicar si Puigdemont firma la disolución de la Cámara unos minutos más tarde de haber proclamado la república. Esa medida puede crear la división entre PP, PSOE y Ciudadanos, y dará paso a un embrollo jurídico y político considerable. En el independentismo también habrá disparidad de opiniones, ya que la Cup y las organizaciones de masas (Asamblea y Ómnium) no quieren elecciones, mientras que sectores de PDeCAT y ERC ven con buenos ojos la propuesta de acudir a las urnas, pero esas diferencias no les impedirán luchar juntos contra la actuación del Gobierno. Intuyo que hablarán de invasión y de fuerzas de ocupación. El restablecimiento de la ley no ofrece atajos: hay que pasar por ese trance.

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