Cuando un territorio, como el nuestro, tiene una mayor presión fiscal que Madrid, Castilla y León o Galicia, hay que argumentar en el Parlamento las razones por las que se obliga a los ciudadanos a pagar más a Hacienda por recibir un salario, consumir bienes, heredar, donar o acumular un patrimonio. Los inconvenientes de la alta presión fiscal están claros: empobrece a la ciudadanía y espanta a las empresas; ahora tienen que decir las causas que motivan el diferencial fiscal. Desde el Principado siempre se sacó a relucir la sanidad y la educación, como poderosas razones para no bajar los impuestos. Sin embargo, en Madrid también hay sanidad y educación, y la presión fiscal es manifiestamente más baja. El mantra de que tenemos los mejores servicios públicos (educación y sanidad) de España no se sostiene cuando se miran los resultados del informe Pisa por comunidades autónomas y vemos que en educación, por ejemplo, Castilla y León nos lleva tantos puntos de ventaja como Finlandia. En cuanto a la sanidad, pese a la valía de los profesionales, la organización es tan mala que tenemos unas abultadas listas de espera para operaciones quirúrgicas, consultas de especialista y pruebas diagnósticas que resultan incompatibles con un sistema de calidad.

Si las empresas se marchan, se pierden puestos de trabajo y la región se empobrece. Llegamos a la reflexión crítica: ¿no es mejor recortar gasto corriente, rebajar la presión fiscal, atraer empresas y ganar empleo? Discútase, sin descalificaciones, con datos.