POLÍTICA PARTIDISTA
El rechazo del proyecto de presupuestos del Estado, sumado al bloqueo de la investidura, le cuesta a Asturias casi 200 millones de euros. Esa cantidad se desglosa en dos conceptos, más de 120 millones del dinero que debería entregar el Estado a nuestra región, a cuenta de ingresos tributarios y 75 millones de la liquidación del IVA. Si los cálculos se hacen sobre el conjunto de las regiones, se constata que están retenidos 7.000 millones. La falta de acuerdos a escala estatal supone una pérdida de recursos a escala autonómica: los duelos de artillería los sufre la infantería. Cuando se obstruyen las iniciativas de los gobiernos no se tienen en cuenta los efectos económicos. Prima el forcejeo político, la posibilidad de erosionar al partido que gobierna, y se evita valorar el daño que supone para las administraciones y la vida económica, en general. Los mismos partidos que se sienten responsables cuando gobiernan, cuando están en la oposición se apuntan a cualquier iniciativa que perjudique a quien le toca gestionar los intereses generales. Es legítimo tumbar presupuestos o rechazar investiduras presidenciales, pero siempre que se presenten alternativas o, al menos, se aporten razones concretas.
La hipocresía llega a su punto más alto cuando la oposición rechaza las propuestas del Gobierno y desde las comunidades autónomas que controla se atreven a criticarlo por no haber aprobado el presupuesto o por seguir ejerciendo en funciones. O sea, bajo las siglas de un mismo partido se juega con doble baraja: bloqueo a nivel estatal y crítica autonómica por los efectos del rechazo realizado por los compañeros de partido de los que se quejan. Sectarismo en estado puro. Situaciones de esta naturaleza dan paso a conclusiones nihilistas, «la política es así», pero no es cierto. En la actualidad la política española se mueve en esas coordenadas, pero no fue siempre así en el pasado ni está escrito que tenga que ser así en el futuro.
El primer gesto de enmienda debería consistir en evitar la disolución de las cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones. En este punto todos deben rectificar. Pablo Iglesias debe olvidarse de esa ratio que se sacó de la manga, según el cual el número de votos da derecho a una cuota determinada de ministros, como si la política fuera una regla de tres. Pedro Sánchez tampoco puede imponer la vía portuguesa, porque la política española tiene otros equilibrios. PP y Ciudadanos no pueden sustraerse a sus responsabilidades.