La experiencia enseña que en el Parlamento regional sólo la aprobación del presupuesto conlleva una negociación de verdad, con propuestas y contrapropuestas, pese al intento de sus protagonistas por mantenerla oculta a la opinión pública. El presupuesto se aprueba en bloque, así que la separación entre la política económica y social es pura ficción. Fuera del visto bueno al presupuesto lo que queda es gestión. Con la aprobación de otro tipo de leyes siempre ocurre los mismo, se anuncia una batería de normas en el debate de investidura y en los últimos meses del mandato todo son prisas para aprobar algunas de ellas y no dejar el expediente en blanco. Ni las leyes proceden de demandas sociales ni los propios grupos políticos las consideran verdaderamente necesarias.

Los partidos que aspiran a pactar con los socialistas ponen el acento sobre las alianzas, pero no se dice para qué quieren formar determinadas mayorías de gobierno. Venimos de siete años de política rutinaria, inercial, dedicada a consumir el gasto corriente. La Asturias de 2019 no es la de 2012, así que hay que hacer nuevos planteamientos, corregir muchas cosas y añadir otras. Una vez definidos los objetivos, veremos qué partidos los asumen y cuáles se oponen. Carece de sentido considerarse incompatible con otras fuerzas, de tal manera que el gobierno no pueda pactar, a la vez, con Podemos, Ciudadanos y otros grupos. Las alianzas no pueden construirse desde los prejuicios. Hace cinco años, en el Ayuntamiento de Oviedo, la IU de Roberto Sánchez Ramos pactó presupuestos con el alcalde del PP, Agustín Iglesias Caunedo, y en las elecciones posteriores aumentó su cuota de ediles. Otro ejemplo es la renta social gijonesa que fue posible por un acuerdo entre Foro y Podemos (Xixón Sí Puede). Es muy pronto para marcar líneas rojas.