LOS ENEMIGOS DE LA CONSTITUCIÓN
La solemne celebración del cuarenta aniversario de la Constitución dejó un sabor agridulce por las ausencias y los disensos. No estuvieron presentes los diputados nacionalistas, más de un tercio del grupo parlamentario de Podemos, así como cinco presidentes autonómicos.Su ausencia en los actos no es una anécdota. Al contrario, muestra las grietas que se han abierto en el consenso político y social que alumbró el texto constitucional.
Cuando la Constitución cumplió los veinticinco años se hablaba de las bodas de plata con el pueblo español. Como por ensalmo, arrancó una campaña contra la ley de leyes diciendo que había que reformarla porque estaba anticuada.
Quince años más tarde las cosas están mucho más claras. La Constitución es impugnada por los nacionalistas de todas las geografías y por Unidos Podemos. Estos últimos la consideran blanco estratégico de su ofensiva contra el ‘régimen del 78’.
Aunque la Constitución es un texto largo de 169 artículos, las discrepancias se concentran en dos puntos, el título octavo, que versa sobre la organización del Estado, y la forma política del Estado, como Monarquía parlamentaria.
Nacionalismos
Los partidos nacionalistas desean que la ley de leyes reconozca el derecho de autodeterminación para sus territorios. El PSOE ha reiterado su oferta de dar al Estado un carácter federal, pero ese traje les queda pequeño. Quieren la autodeterminación, por la vía del referéndum, aunque están dispuestos a tomarla directamente, como ya intentaron en Cataluña tras un ensayo de consulta-pantomima.
Es difícil vislumbrar cuándo y cómo se va a encontrar una solución al problema del nacionalismo convertido en separatismo. Lo único cierto es que la primera gran batalla se dirime en la actualidad, entre la Generalitat y el Estado.
El contencioso, lejos de ser un problema que afecta a los catalanes y a los poderes del Estado, es algo que se vive como propio en todos los rincones de España. La fulgurante irrupción de Vox en el Parlamento andaluz y la fuerte subida de escaños de Ciudadanos, sólo se explican por el malestar que produjo la gestión de Rajoy en la crisis catalana y el rechazo a la alianza parlamentaria de Pedro Sánchez con los independentistas.
La actual situación de Cataluña, con un Parlamento que no funciona y un presidente títere movido por telemando desde Waterloo, es tan anómala que no se podrá prolongar por mucho tiempo.
Populismos
La cuestión de la monarquía es, a día de hoy, un conflicto artificioso. Me explico. Históricamente, la opción republicana siempre se abrió paso ligada a un escenario político y social alternativo al que representaba la monarquía.
Alfonso XIII no hubiera tenido que abandonar España sino se hubiera comprometido con la dictadura de Primo de Rivera y la ‘dictablanda’ del general Berenguer. La bandera de los grupos republicanos en la España de 1930 era algo tan concreto como la convocatoria de elecciones a Cortes constituyentes, a lo que se resistía Alfonso XIII.
Cuando Pablo Iglesias afirma que quiere suprimir la monarquía porque se basa en el hecho biológico de la fecundación está situando la cuestión a un nivel conceptual, no político.
En efecto, como sistema, la república es mucho más racional que la monarquía, pero no es ese el debate. Cuando pide la república aquí y ahora, tiene que decirnos qué avances democráticos va a representar para los españoles sobre la actual monarquía parlamentaria.
Si en 1931, la instauración de la II República significaba la democracia, en la España actual tiene que decirnos Pablo Iglesias qué nuevo marco político más apetecible nos depararía una hipotética III República.
El líder de Podemos se delata cuando declara que el discurso del Rey le pareció «decepcionante», y sólo sabe argüir que no habló de la corrupción y del papel de la gente en la llegada de la democracia. En conclusión: su alternativa republicana, desde una perspectiva política, no existe; y si existe, de momento, evita mostrarnos sus perfiles…
La defensa del orden constitucional frente a los independentistas será una larga tarea, porque los sucesivos gobiernos democráticos los tuvieron de socios para aprobar presupuestos, y renunciaron a hablar claro limitando las competencias transferibles y renunciando a la presencia del Estado en esos territorios. Recuperar el terreno perdido en cuarenta años será complicado.
Defensa
El ataque a la forma de Estado (monarquía parlamentaria) desde el populismo de izquierdas se desvanece ganándoles, repetidamente, en las urnas. Ahora bien, ante ambos problemas, nacionalismo y populismo, de nada vale ganar elecciones si por la vía de los pactos se les habilita para gobernar y decidir.
Aquí llegamos al punto crítico. Es preciso que los partidos constitucionales, en esta legislatura con 253 diputados, hagan un pacto de Estado para defender la democracia de secesionismos y autoritarismos, aunque puedan discutir y contradecirse en todos los demás asuntos.
Así los gobiernos de España estarían libres de chantajes y amenazas, y podrían contar, como en el resto de países, con toda la fuerza del Estado para hacer frente a los enemigos de la Constitución.