Desde una perspectiva política, el acuerdo responde a las necesidades de los alcaldes que no pueden ir a la campaña electoral con las manos atadas. Pasar los cuatro años del mandato ahorrando dinero en todos los ejercicios sin tener permiso para invertir y gastar el excedente en necesidades de los municipios es una exigencia abusiva. Por el otro lado, al Gobierno del PP no le interesa llegar a la disputa del voto con una imagen antimunicipalista. Los 5.000 millones son de los ayuntamientos y no se puede hurtar indefinidamente a las corporaciones municipales el derecho a disponer de esos recursos.

Al parecer, los alcaldes están de acuerdo en dedicar el superávit de 2017 a la construcción de infraestructuras culturales, deportivas, educativas, sociales y de seguridad. El tiempo para ejecutar esas actuaciones es el mismo que falta hasta las elecciones municipales: quince meses. Es llamativo que no mencionen explícitamente las actuaciones urbanísticas, una materia sobre la que tienen amplias competencias, y pongan por delante las infraestructuras educativas, algo que les resulta casi completamente ajeno, ya que solo tienen capacidad para ceder solares para construir colegios y realizar obras menores en los mismos. En conjunto, podemos decir que van a invertir el grueso de los 5.000 millones en asuntos correspondientes a las competencias «impropias», así denominadas porque la titularidad sobre esas competencias corresponde a la comunidad autónoma pero los ayuntamientos las han asumido con el pretexto de que los ciudadanos les exigen respuesta a sus problemas. Balón de oxígeno para la campaña electoral.