El Comercio
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Fecha: enero, 2018
LAS DOS CONCLUSIONES DE LA JORNADA
Juan Neira 31-01-2018 | 11:43 | 0

Para evitar males mayores, el presidente de Cámara catalana aplazó la sesión de investidura. Roger Torrent no dijo que la desconvocaba, sino que la aplazaba. Y tuvo buen cuidado en ratificar que el único candidato que baraja el independentismo para gobernar Cataluña es Carles Puigdemont, que no piensa retornar a su tierra, pero sí quiere volver a presidirla. Los tres partidos independentistas asimilaron de forma diferente la decisión del presidente del Parlament. Los cuatro diputados de la CUP se manifestaron radicalmente en contra del aplazamiento y para demostrarlo ocuparon sus escaños a las tres de la tarde, momento en que estaba fijado el inicio de la sesión. Como son de izquierdas posaron con el puño en alto. Junts per Catalunya, el grupo liderado por Puigdemont, estuvo reunido para ver qué postura tomaba, aunque algunos de sus diputados fueron a la Cámara para ocupar simbólicamente durante un rato los escaños. Las huestes de ERC fueron más sensatas y aprovecharon el aplazamiento de la sesión, a mediodía, para comer.

Como ocurrió en todos los momentos estelares del ‘procés’ la gente se manifestó en la calle, rodeando al Parlamento. Caída la noche improvisaron una acampada de protesta. Los Mossos d’Esquadra quedaron desbordados. No es la primera vez que pierden el pulso de la calle. En esta materia el artículo 155 de la Constitución no vale para mucho, al menos tal como lo aplican Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría.

Desde una perspectiva política la jornada nos dejó dos conclusiones. El independentismo está dividido. En esa división la peor parte la lleva ERC que es abucheada por los manifestantes y vituperada por los diputados de Junts per Catalunya y la CUP. No esperaban los republicanos verse en esa situación. Imaginaban que las elecciones del 21 de diciembre les iban a dar el liderazgo del independentismo y nunca estuvieron tan en minoría como ahora. El resto de los ‘indepes’ –Junts per Cataluña, CUP y manifestanteshacen piña en torno a Puigdemont. El expresidente se ha convertido en el gran líder del independentismo. Desde Bruselas lanzó un mensaje muy inquietante para ERC: no hay otro candidato ni aritmética posible. Dicho con otras palabras: tiene en sus manos el bloqueo de la legislatura y amenaza con precipitar una convocatoria electoral que hundiría a ERC. Segunda conclusión: el presidente de la Cámara obedece al Tribunal Constitucional. La investidura se pone muy difícil.

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MÁXIMA EXPECTACIÓN
Juan Neira 30-01-2018 | 10:27 | 0

El guionista del ‘procés’ ha logrado que la sesión de investidura del presidente de la Generalitat esté rodeada de grandes dosis de expectación, como ocurrió con los principales hitos de la crisis catalana desde el pasado mes de septiembre. Las espadas se mantienen en alto. El principal protagonista, Carlos Puigdemont, pidió en la víspera al presidente de la Cámara, Rogelio Torrent, que le preste amparo. Quiere gozar de inmunidad parlamentaria (sólo podría ser detenido en caso de delito flagrante) para que se respeten sus derechos como diputado y poder participar en el pleno del ‘Parlament’. Puigdemont exhorta al presidente de la Cámara a tomar medidas para mantener la dignidad del legislativo. En palabras vulgares: quiere sentirse blindado dentro de una institución que también estaría blindada. Doble sistema de seguridad. Para desgracia del prófugo más famoso de España no está en manos de Torrent otorgarle ese tipo de seguridades. Si quiere acudir al pleno no le va a ser fácil sortear el dispositivo de la Policía que ya empieza en la frontera francesa, parando coches y examinando el maletero. Aunque lograra colarse en el Parlamento, cambiando de peluca, su investidura sería un acto nulo, porque el Tribunal Constitucional (TC) ya ha advertido de que necesita, previamente, comparecer ante el juez Llarena. Puede refugiarse en la modalidad de la investidura telemática, pero esa vía también está descalificada por el TC.

Con la petición de amparo a Torrent lo único que logra es comprometer gravemente al presidente de la Cámara y a los miembros de la Mesa. Incurrirían directamente en delito si se avienen a su petición. Ahora ya ha comprobado toda la clase política catalana las consecuencias que se derivan de pasarse las decisiones del TC por el arco del triunfo. Si la mayoría independentista vota la investidura de Puigdemont, los diputados que están en libertad condicional (Forcadell, Romeva, Turrull, Rull, Basa, etcétera) podrían ir directamente a la cárcel, al entender el juez instructor de la causa que han incurrido en desobediencia. No tendría que mediar ningún interrogatorio, constatada la transgresión se les retira la libertad condicional. De los procesados, los únicos que actuaron con inteligencia fueron Forn y Mundó que después de pasar una temporada en la cárcel se despidieron del escaño.

A las tres de la tarde se levanta el telón. Hasta ahora siempre ocurre algo que no estaba previsto. ¿Qué sucederá?

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CERCO LEGAL SOBRE EL CANDIDATO
Juan Neira 29-01-2018 | 7:41 | 0

El Tribunal Constitucional (TC) supo marcar distancias con la posición del Gobierno (la inhabilitación preventiva) y poner, a la vez, a Carlos Puigdemont contra la pared. El máximo líder del independentismo ya sabe que en el ‘Parlament’ no habrá una sesión de investidura por vía telemática ni tampoco podrá ser representado en el Pleno por otro diputado. Los miembros de la Mesa de la Cámara están advertidos de que incurrirán en responsabilidades penales si se desarrolla el debate en esas condiciones. No hace falta añadir que la votación sería nula. El TC recuerda que el candidato tiene que estar presente en el ‘Parlament’ y, para evitar triquiñuelas, especifica que Puigdemont debe comparecer ante el juez Llarena, siendo él quien puede otorgarle la posibilidad de defender su candidatura en la Cámara. Para evitar equívocos: nada de entrar disfrazado en el ‘Parlament’ rodeado de un ejército de fieles.

Rogelio Torrent, el nuevo presidente de la Cámara, ya ha visto lo caro que le salió a su antecesora, Carmen Forcadell, saltarse a la torera las advertencias del TC. Estoy seguro que ni él ni los miembros de la Mesa van a inmolarse por algo tan ridículo como avalar la descabellada aventura del prófugo más famoso de España. La solidaridad con Puigdemont caduca este invierno. La controversia de la investidura se acompaña de la invocación de principios éticos y jurídicos, pero se puede resumir en algo muy concreto: la negativa de Puigdemont a responder ante el juez de los actos ilegales cometidos en el anterior mandato. El resto de dirigentes del independentismo ha acudido a la llamada judicial, con la excepción de ese pequeño grupito que hace de séquito de Puigdemont en Bruselas. Por cierto, tres de los cuatro diputados electos que huyeron de España (Clara Pontasí, Lluís Puig y Meritxell Serret) ya han renunciado a su escaño, porque en caso contrario el independentismo habría perdido la mayoría, habida cuenta que hay, también, diputados encarcelados.

Carlos Puigdemont hace como que no se entera y quiere pedirle, desde la distancia, garantías al juez Llarena para asistir al pleno de investidura. Todo indica que el martes no se va a celebrar la prevista sesión de investidura porque Torrent comprobará que Puigdemont no se habrá presentado ante el juez. No hay que ser docto en leyes para saber que la pretensión del ex alcalde de Gerona carece de encaje en todos los sistemas parlamentarios.

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TIEMPO DE ERRORES
Juan Neira 28-01-2018 | 5:23 | 0

Durante el repunte de la guerra fría vivido en los años ochenta del pasado siglo, con la llegada de Ronald Reagan a la Casa Blanca y el liderazgo de Andropov y Chernenko en el Kremlin, se vivió una época de inquietud en la pacífica Europa. Insertos en ese clima un grupo de rock compuso una canción en la que se preguntaba, ‘¿Qué harías tú en un ataque preventivo de la URSS?’. La respuesta era un tanto disparatada, porque tras asegurar un lógico, «no sé», añadía, «no tengo novia y no me mola el pacto de Varsovia»

El Gobierno de Rajoy ha asumido la estrategia del ataque preventivo para dejar fuera de combate a Puigdemont, cuando al prófugo más famoso de España le quedaban dos telediarios de vida política.

Si optaba por la investidura telemática, el acto quedaría anulado. Lo mismo ocurriría si lo hiciese por persona interpuesta. En el caso de que tratase de acudir en persona al ‘Parlament’ para participar en el debate de investidura, la Policía lo detendría y sería llevado ante el juez Llarena, quedando en la misma tesitura que Oriol Junqueras. Las fuerzas independentistas tendrían que optar por otro candidato.

La estrategia

Ahora, el escenario cambia, el Gobierno ha desoído al Consejo de Estado, como los independentistas desoyeron, en su día, al Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, y ha querido acogerse al procedimiento garantista del Tribunal Constitucional para recortar, preventivamente, la condición de elegible de Puigdemont, sin que este hubiera movido un dedo, todavía.

Todo indica que fue Soraya Sáenz de Santamaría la autora de la estrategia, porque Rajoy había anticipado en una entrevista radiofónica que el Gobierno no tenía otro remedio que mantenerse a la expectativa hasta que no tomara Puigdemont una decisión concreta. Tras la decisión del Tribunal Constitucional el follón está servido.

Se acepta que los políticos no solucionen los problemas, pero resulta irritante que su actuación los agrave. La crisis catalana no es una excepción.

Atravesamos una etapa en España (y también en Europa) en que las decisiones políticas están plagadas de errores. Errores por activa y por pasiva, por no llegar a pactos y por alcanzar acuerdos absurdos. Tanto da que miremos el panorama nacional como el local.

Tenemos la electricidad más cara de Europa cuando hay instalada una capacidad de generación para cubrir el doble de la demanda. ¿Conocen algún bien que suba de precio cuando la oferta excede la demanda? Hasta ahora ninguno, pero llegó el ministro Soria y empeoró la herencia que había recibido. Quiso arreglar las cosas y fracasó a cuenta nuestra. El famoso déficit de tarifa perdió actualidad, pero la factura del suministro eléctrico se puso por las nubes.

Rato sacó una norma que prohibía elevar la tarifa eléctrica por encima del Índice de Precios al Consumo, obligando a las compañías eléctricas a picar a la puerta de los bancos. Al final, había cerca de 30.000 millones de euros sin cobrar, y Soria tiró por el camino del medio.

La industria asturiana, alta consumidora de energía (ahora la llaman electrointensiva), protesta, y lo mismo hace el vecino de al lado, que cocina, lava, friega, seca, limpia, rasura, lee, alumbra, escribe y oye, gracias a estar enchufado.

Pero sería muy injusto concentrar la mirada en Soria y Rato, porque en la época de Zapatero, con el precio del petróleo subiendo como la espuma en los mercados internacionales, se daban al personal con incrementos mínimos de precios al suministro eléctrico. Estamos pagando lo que Zapatero no nos quiso cobrar en su día.

El viernes quedé de piedra cuando me enteré de que Cristina Narbona, abanderada de la descarbonización del sector ‘sanchista’, había llamado a Javier Fernández para pedirle una actuación coordinada tendente a mantener la actividad económica y el empleo en las comarcas mineras, tomando como modelo las experiencias de regiones europeas en transición energética.

Hay que tener rostro. Primero aprueban una iniciativa en el Congreso de los Diputados, en compañía de Podemos, Ciudadanos y ERC, que adelanta a 2020 el cierre de las centrales térmicas en Asturias, exigiendo que se les corten las ayudas (pagos por capacidad) a todas las centrales que superen un umbral mínimo de emisión de dióxido de carbono (550 gramos). Y luego vienen a proponer un plan de reactivación economía. ¿Pretenden los ‘sanchistas’ bajar el precio de la electricidad cerrando las térmicas?

Ya tenemos una larga experiencia en planes de reactivación. Todos fracasaron, al igual que lo hizo el plan de desalinizadoras de la ex ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que contenía 51 plantas de Gerona a Málaga. Dos tercios no se construyeron y dejó unas pérdidas de 4.000 millones de euros. Todo para obtener agua de baja calidad, cara y con alto consumo energético de las plantas.

Narbona, presidenta del PSOE (102.000 euros anuales), hace un flaco servicio a Adrián Barbón. Clausurar el sector del carbón, con promesas vaporosas de reactivación que nunca funcionaron, es poner a la futura candidatura socialista al Principado a los pies de los caballos.

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UNA METEDURA DE PATA COLOSAL
Juan Neira 27-01-2018 | 2:10 | 0

La crisis catalana entra en un nuevo e imprevisto capítulo con el rechazo del Consejo de Estado al deseo del Gobierno de impugnar la candidatura de Carlos Puigdemont a la Presidencia de la Generalitat. El máximo órgano de asesoramiento del Estado señaló que Puigdemont es un diputado más y no tiene recortadas sus expectativas de ser presidente. Previamente al dictamen, Soraya Sáenz de Santamaría manifestó que es un prófugo sobre el que recaen graves acusaciones y no tiene «libertad deambulatoria completa». No conocía esa disquisición entre libertad deambulatoria completa o incompleta. Que una abogada del Estado hable así es de traca. El Consejo del Estado viene a decir que no se puede actuar preventivamente. Si Puigdemont trata de ser elegido telemáticamente la investidura podrá ser impugnada con total garantía y en caso de que quiera asistir al Pleno del Parlamento, podrá ser detenido y el juez Llarena decidirá si lo manda a la cárcel o le da permiso para asistir a la investidura. Esas son las reglas del juego. El Gobierno debe ser el más interesado en respetarlas.

Pues bien, pese al dictamen del Consejo de Estado, el Gobierno ha decidido impugnar la candidatura ante el Tribunal Constitucional, con el objeto de que si es admitido a trámite su recurso quedará en suspenso la candidatura, y el presidente del Parlamento catalán tendrá que proponer a otro candidato para ser investido. La vicepresidenta del Gobierno indicó que se acogían a ese recurso para impedir que la candidatura de Carlos Puigdemont «produzca un daño irreparable».

Si el Gobierno de Rajoy conserva un átomo de capacidad para el análisis político, tras la vorágine de acontecimientos vividos en los últimos meses en Cataluña, deberá darse cuenta de que su decisión es un error de unas dimensiones semejantes al planteamiento que hizo ante el referéndum del 1-O. Si algo diferenció a las fuerzas constitucionalistas de las independentistas es el respeto a la legalidad, la supeditación a los dictámenes de los órganos de asesoramiento y la renuncia a utilizar espuriamente las cláusulas garantistas establecidas en los procedimientos del Tribunal Constitucional (TC). Dejar a Puigdemont fuera de juego, provisionalmente, para arriesgarse a que dentro de unos meses el TC lo rehabilite es una irresponsabilidad tremenda. Entonces sí que se produciría un daño irreparable para el sistema democrático. Los ‘indepes’ tienen la carta que necesitaban para reabrir la crisis institucional.

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