El informe de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión del Principado en el ejercicio de 2016 no tiene desperdicio. Nuevamente se acredita que hay facturas para pagar que no están formalizadas ni recibidas. Algo parecido, pero por vía política, fue la denuncia aportada, en su día, por el entonces presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en la ceremonia inaugural de la Feria de Muestras del año 2011, cuando señaló que se había encontrado, en los cajones, con facturas ocultas por valor de 211 millones de euros. Deuda oculta que se encontró de mandatos anteriores, pero de la que nunca más se supo porque la alianza del PSOE y del PP se encargó de dejarla más oculta de lo que estaba. Es evidente que la financiación de la sanidad exige una clarificación, donde aparezcan las facturas contabilizadas y las que duermen en los cajones el sueño de los justos. La Sindicatura informa que el Principado dio avales a Sogepsa por valor de 114 millones y a la Zalia por 67 millones, cuando se trataba sociedades sobre las que había fundadas dudas sobre su continuidad. El sector público juega un papel importante en el endeudamiento el Principado. Sogepsa y Zalia están en boca de todos, forman parte del debate público de la región, no por las actuaciones positivas que realizan sino por el tamaño del agujero financiero que arrastran. ¿Cuántas empresas productivas se hubieran salvado con 181 millones en avales? ¿Cuántos puestos de trabajo destruidos habrían permanecido activos con ese tipo de ayudas?