La deriva de las instituciones catalanas toma un curso acelerado guiada por la mayoría parlamentaria independentista y el Gobierno del mismo signo. Ignoran a la Constitución y a las leyes y no reconocen a los tribunales. Orillan los mecanismos de control y sólo se sienten responsables ante un sujeto tan genérico y vaporoso como es el pueblo de Cataluña. Tras la aprobación de la Ley de Referéndum, toca el turno a la ley que regula la Agencia Catalana de Protección Social, que es el germen de la Seguridad Social catalana y, posteriormente, a la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República, denominada “ley suprema”, que es la columna vertebral del nuevo orden político y jurídico de la mentada República. No sólo pretenden dejar arrumbadas las leyes estatales, sino también a las que emanaron de las instituciones catalanas, entre ellas el Estatuto de Autonomía. En una demostración superlativa de cinismo la aprobación de las nuevas leyes se realiza a través de un procedimiento profundamente antidemocrático, negando a la oposición la posibilidad de poner enmiendas a la totalidad, dando una o dos horas para presentar enmiendas parciales y sin aceptar someter los proyectos al dictamen preceptivo de los órganos de asesoramiento. Es una situación de completa rebeldía.

El Gobierno de España instrumenta las respuestas previstas en nuestro ordenamiento, como es la querella de la Fiscalía contra la Mesa del Parlamento y contra el Gobierno catalán, presentando recursos ante el Tribunal Constitucional y dando un aviso para navegantes (funcionarios) sobre las consecuencias que acarrearía colaborar en el referéndum del primero de octubre. Los contactos de Rajoy con los líderes  de los partidos comprometidos con la Constitución, como el PSOE y Ciudadanos, se suceden.

¿Bastarán estas medidas para reconducir la deriva institucional catalana? Tengo muchas dudas. Los independentistas han cruzado, por primera vez, el Rubicón desde los años treinta del pasado siglo. No se van a detener por las decisiones del Ministerio Fiscal y los órganos judiciales. El ejemplo lo tenemos con la inmediata respuesta de cientos de ayuntamientos (más de 400) a la petición de la Generalitat de ceder locales para la celebración del referéndum. No me extraña que se atrevan a saltarse la legalidad porque hasta ahora han podido hacer todo tipo de desfachateces sin sufrir ningún perjuicio. El Estado tiene tres semanas para sacarles del error.