El Gobierno regional ha reservado seis millones de euros para aplicar el cheque bebé, que se extenderá con carácter retroactivo a todas las familias que hayan tenido descendencia desde el día uno de julio de este año. En el último debate sobre el estado de la nación, Zapatero realizó la promesa de fomentar la natalidad con 2.500 euros por cada hijo, lo que llevó al presidente Areces a complementar esa medida con otro incentivo de 500 euros, para que cada nuevo asturiano llegue al mundo con un capital de 3.000 euros debajo del brazo. Para llevar a la práctica esta medida el Principado tramita un acuerdo con el Gobierno central para utilizar las mismas listas de beneficiarios. La Administración autonómica espera atender las primeras solicitudes dentro de un mes.
Con el cheque bebé ocurre lo mismo que con los ordenadores para los jóvenes: el Principado utiliza fondos sin que se haya aprobado un nuevo presupuesto. En principio, como esas partidas no existían en las cuentas del año 2007, no cabe extenderlas para atender necesidades del año 2008, así que habría que pedir autorización a la Cámara para disponer de esa cobertura económica. Ahora bien, si el Gobierno regional da ese paso es porque tiene consistencia legal, ya que si de algo dispone la Administración autonómica es de asesoramiento jurídico. Sin embargo, hay cosas que aún siendo legales, políticamente resultan dudosas, porque el Principado necesitaba rebajar la tensión con la oposición, de modo que se afrontasen las nuevas partidas de gasto en un clima de convergencia que facilitase el acuerdo parlamentario. El cheque bebé es una oferta lanzada a la opinión pública a los tres o cuatro días de frustrarse el pacto de gobierno con IU, y ahora se retoma a la semana de rechazar el presupuesto.
Puede que el Principado haya empezado la prórroga presupuestaria por las subvenciones a los ordenadores y por las ayudas a la natalidad, sabedor de que son medidas muy populares, buscando la erosión de la oposición en el caso de que las impugne en el Parlamento. Un test sencillo antes de meterse en gastos de mayor envergadura, como la futura petición de crédito extraordinario para pagar los casi 1.000 millones de euros de la concertación social.