La pretensión del presidente Areces de llevar, en enero, a la Junta General del Principado la autorización de crédito para desarrollar el pacto social, no despeja la preocupación sobre la gestión de la prórroga presupuestaria. El pacto social tiene un gran predicamento entre partidos políticos y agentes sociales, pero afecta de una forma muy limitada a los ciudadanos. Aunque el Principado firme un gran acuerdo con empresarios y centrales sindicales, los problemas de la región seguirán sin resolver. Ni siquiera en la esfera industrial y laboral se aprecian diferencias entre las comunidades autónomas con pacto social y las que carecen de él.
La concertación social todavía se está negociando, así que resulta prematuro adelantar que el próximo mes se debatirá en la Cámara la aprobación de una partida económica para respaldarla. Si las primeras gestiones de la prórroga presupuestaria se asocian al pacto social es debido a que en este asunto la oposición tiene menos libertad de movimientos. Es difícil que un acuerdo del Principado con empresarios y sindicatos pueda ser obstaculizado por IU y el PP. No parece previsible que IU niegue apoyo económico para un acuerdo que tiene entre los beneficiarios a CC.OO. y que el PP dificulte la ayuda a la Fade. Precisamente, las prisas del Gobierno regional para negociar la concertación social, este año, tenían como único objetivo forzar al PP y a IU a aprobar el presupuesto. Posteriormente, el Principado, como carece de estrategia, se apresuró a asegurar que habría respaldo económico para la concertación aunque no hubiera un nuevo presupuesto. Ahora, la gestión de la prórroga empieza por la cuestión más fácil de consensuar: el pacto social.
No creo que el resto de asuntos que el Gobierno lleve a la Junta General del Principado obtengan automáticamente el plácet de la oposición. El choque entre el Gobierno y el Parlamento proseguirá durante la prórroga presupuestaria. La oposición tratará de demostrar que tiene en sus manos el poder en este mandato, y la forma de verificarlo pasa por cambiar, enmendar o rechazar cualquier iniciativa del Gobierno. El PP, como alternativa de gobierno, seguirá con esta política todo el mandato. IU esperará al resultado de marzo.