Entre apelaciones al consenso se han reunido los parlamentarios que van a negociar la reforma del Estatuto de Autonomía. En la ponencia están los líderes de los tres partidos políticos (Javier Fernández, Ovidio Sánchez y Jesús Iglesias), así que nadie se ausentará de la sala para recibir órdenes por teléfono. En la ponencia están todos los que son. Bajo un mismo deseo de acuerdo se adivinan enfoques distintos. El PP exige que el texto sea sometido al veredicto de los ciudadanos, mientras los socialistas ofrecen flexibilidad en sus planteamientos, e IU teme ser marginada por la posible entente entre los dos grandes partidos. Valoraciones diversas que evitan entrar en el fondo del asunto: los objetivos que debe tener la reforma estatutaria asturiana y los contenidos del texto que se pretende elaborar.
No hay prisa por avanzar el trabajo en ponencia, porque las sesiones de trabajo se suspenderán con la llegada del invierno, como ocurre con las competiciones de fútbol en Rusia. La proximidad de las elecciones generales impide acercar las posturas entre los partidos, así que los asuntos más polémicos quedarán “aparcados” hasta después de los comicios. A lo largo del otoño, tres cuestiones llenarán la agenda institucional del Principado: la negociación del presupuesto de 2008, la concertación social y la reforma del Estatuto de Autonomía. Los dos primeros son los urgentes y el tercero es el importante. Que haya prórroga presupuestaria es un asunto coyuntural, que puede quedar superado con la aprobación de unas nuevas cuentas regionales un año más tarde. La concertación social es una liturgia muy asturiana, propia de una región industrial con gran peso sindical, pero todo lo que se haga por la vía de la concertación puede resolverlo el Gobierno regional por su cuenta sin la firma de los agentes sociales. El Estatuto de Autonomía es otra cosa.
A la gente no le preocupa el Estatuto, como tampoco despertaban interés los respectivos textos autonómicos en Cataluña o Andalucía, pero en la actual política española constituye la pieza fundamental de posicionamiento de cada comunidad autónoma ante el Estado. No se trata tanto de aspirar a las mayores cotas de autogobierno, como de defender un modelo de Estado.