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José María Urbano

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DUDAS RAZONABLES

Al margen del espectáculo de algunos políticos en busca de un titular, cabe preguntarse por qué el Gobierno no aprobó en diciembre los 200 millones en la crisis de Alcoa

El miércoles pasado me invitaron a dar una conferencia sobre ‘Avilés, la industria del presente y del futuro’. Se analizaron cosas muy interesantes, se vieron propuestas reales basadas en las fortalezas existentes –muy importantes– y se llevó a cabo un coloquio que sirvió para aclarar bastantes detalles de lo que nos pasa y por las cuestiones por las que deberíamos pelear. La última pregunta-reflexión me la hizo el responsable de una organización empresarial y miembro de otra, y me dejó un poco perplejo cuando me planteó qué podíamos hacer los periodistas para ayudar a salir de la crisis en la que se encuentra Asturias.

Estuve dándole vueltas y al final caí en la cuenta de que los periodistas, no pocos periodistas, estamos haciendo ya mucho por el futuro del Principado, primero cuando demostramos un conocimiento sobre lo que sucede en esta región, en este país, que supera a una mayoría de políticos que ni saben ni quieren profundizar en los detalles. Y segundo, cuando no solo nos limitamos a denunciar y detallar lo que nos está pasando, sino que incluso presentamos o avanzamos propuestas que luego deberían aplicar los políticos.

El Gobierno central, sobre la bocina, puso el viernes encima de la mesa una partida de 200 millones de euros en concepto de compensaciones por los costes de emisiones de CO2 para las empresas electrointensivas, después de que decidiera no aprobar el estatuto de grandes consumidores ante la advertencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –la misma que en su día dio luz verde a las subastas por interrumpibilidad que tanto dinero dieron a las empresas y de las que se han beneficiado cerca de trescientas– de que ese estatuto y las medidas que lo contienen podrían ser tumbados por la Comisión Europea al entender que se trata de ayudas del Estado, lo que obligaría luego a las compañías a devolver el dinero y afrontar como país una multa millonaria, como ha sucedido en otros casos.

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Sobre las fechas. Viernes, 15 de marzo, en las páginas de este periódico: «Ese estatuto lo anunció la Ministra de Transición Ecológica el 31 de diciembre y se dio de plazo seis meses para elaborarlo y aprobarlo». Seis meses: junio. Estamos en abril.

Sobre costes de CO2. Domingo, 24 de marzo, también en las páginas de este periódico: (…) «Destacan (en el borrador del estatuto de consumidores electrointensivos) cuestiones tan llamativas como los 75 millones de euros que se destinan solo como ayudas al coste indirecto de CO2 para las empresas –también se avisó en esta sección de que ese coste podría dejar en una broma el problema de la electricidad–, mientras que para el futuro se deja a la «disponibilidad presupuestaria». (…) «La normativa europea a la que se acogen países como Francia o Alemania permitiría elevar esa cantidad a los 245 millones de euros aproximadamente, sin temor a la ‘lupa’ de la Comisión Europea en lo referido a ayudas públicas».

Son solo dos ejemplos de lo que «hace la prensa» ante la indiferencia política, que cuando aparece el problema se rasga las vestiduras y reacciona, eso sí, con una ‘profundidad’ en los análisis que vuelven a provocar sonrojo. Hay políticos/as en esta región, que tras veinte años en cargos públicos remunerados siguen con la misma línea argumental y el empleo del mismo léxico: «Es una ‘auténtica vergüenza’». Punto, esa es toda su reflexión. Y ahí seguimos y de ahí no salimos.

Hace meses que en estas páginas se viene diciendo que el estatuto del consumidor electrointensivo conocido no va a solucionar por sí solo los problemas de las grandes empresas como ArcelorMittal, Asturiana de Zinc o Alcoa porque el impacto en la tarifa eléctrica sería de unos 2 euros/megavatio, y la diferencia respecto a lo que esas mismas empresas pueden pagar en Alemania o Francia es de 20/25 euros. (Bien es cierto que el Gobierno regional de Javier Fernández presentó nada menos que 37 alegaciones a ese texto del estatuto). O que esos dos mismos países estaban percibiendo cantidades muy importantes en concepto de ayudas en costes indirectos de las empresas, y que la Comisión Europea las permite hasta 245 millones de euros.

Luego si el Gobierno no encuentra dificultades ahora para poner encima de la mesa esos 200 millones de euros, ¿por qué no los aprobó en el mes de diciembre? Si lo hubiera hecho, se podría apostar a que Alcoa seguiría hoy con las cubas encendidas. Seguramente no se evitaría su marcha en el futuro, que es lo que pretende, pero ahora mismo estaría produciendo en su planta de Avilés.

Esta sí es una medida efectiva que va a ayudar a concretar esas ofertas de compra de Alcoa que existen, la mayoría para producir con los hornos de refusión, pero también hay otras que con esas ayudas estarían dispuestas a arrancar las cubas, siempre y cuando tengan asegurado un precio asequible de la electricidad a largo plazo y un marco estable en el que figuren aspectos como el de la tarifa, los costes indirectos o el CO2. Y un nuevo aviso para los políticos de Asturias: el interés de algunas empresas por la compra de Alcoa se centra solo en Avilés, no en Coruña. A ver cómo manejan este asunto.

Alcoa anunció en 2014 que se iba y que cerraba Avilés y Coruña. Ahora da la sensación de que a algunos políticos –por supuesto, los que ven siempre los toros desde la barrera– les ha entrado la urgencia de solucionar las cosas en veinticuatro horas. ¿Dónde estuvieron durante esos cuatro años, qué plateamientos hicieron, qué propuestas realizaron?

El domingo pasado se escribió en estas páginas, bajo el título ‘Yo iría a París’, sobre los claros indicios de que la multinacional francesa Saint-Gobain ha hecho una apuesta clara por la planta de Marruecos y la de Avilés puede ser la gran perjudicada en vista de lo que se está observando. Y se explicaba que el aviso llegaba nada menos que de un director general de la zona sur europea y Norte de África.

¿Reacción política y sindical en Asturias? Cero. Nada. ¿Reacción fuera de nuestras fronteras? El artículo de EL COMERCIO-LA VOZ DE AVILÉS llegó a la Comisión Europea, a Bruselas, al despacho de uno de los consultores industriales más importantes de Europa y también a París, donde está la sede de la multinacional. E inmediatamente se mostró la «gran preocupación» por lo que se decía en ese artículo. Pues bien, en cuestión de días se celebrará en París una cumbre sindical para tratar ese asunto. Mientras tanto, el directivo de la compañía francesa que aseguró en las redes sociales que el futuro de la industria española se encontraba en Marruecos, acaba de borrar todos los contenidos de su cuenta de Facebook.

Y otro aviso más: la competencia china con las torres eólicas de Asturias lleva camino de convertirse en un problema grave.

Aquí seguiremos esperando a que, una vez más, llegue el lobo de verdad y ya sea tarde. Y no será porque los periodistas no avisemos. No sé si eso es ayudar o no a afrontar la crisis.

Publicado en El Comercio-La Voz de Avilés el 28 de abril de 2019

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Sobre el autor

José María Urbano. Periodista. ExJefe de Redacción de La Voz de Avilés-El Comercio. Columnista de este periódico y director de AsturiasInnova+, el proyecto de divulgación de la innovación, la ciencia y la tecnología adscrito al Grupo El Comercio (Grupo Vocento). El relato de los hechos y los fundamentos de la opinión sólo pueden tener su base en el poder de los datos. En un mundo en el que imperan los clics, los shares, las notas teledirigidas, las ruedas de prensa sin preguntas y las declaraciones huecas en busca de un titular, hay que reivindicar el periodismo hecho por profesionales. Política, economía, cultura, deportes... la vida en general, tienen cabida en este espacio que pretende ir más allá de la inmediatez, la ficción y el ruido que impera apoyado en las redes sociales. El periodismo es otra cosa.


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